El programa de Mediación de Deuda Hipotecaria, que gestiona el Ayuntamiento de Zaragoza a través de Zaragoza Vivienda y financia el Gobierno de Aragón, ha alcanzado su primer año de andadura, ya que comenzó a prestar servicio el 22 de julio de 2012.
En ese tiempo se han atendido 839 consultas, de las que se han iniciado expediente de mediación hipotecaria en 212 casos y se han suspendido lanzamientos en 24. En estos doce meses de funcionamiento, por tanto, se han alcanzado acuerdos de revisión de refinanciaciones con supresión o reducción de cláusulas suelo, daciones en pago totales y parciales y compraventas con subrogación.
Además, en estos momentos hay procedimientos judiciales suspensos en los que los mediadores, junto con los abogados de turno de oficio, valoran posibilidades de alcanzar acuerdos ante la entidad. El perfil de los solicitantes de mediación es, principalmente, un matrimonio con hijos, procedente de España, con ingresos de trabajo o por desempleo y con una vivienda con un precio inferior a 180.000 euros y que no existe demanda judicial.
El vicepresidente de Zaragoza Vivienda, Jerónimo Blasco, ha señalado que "en los casos de dación o compraventa se plantea la posibilidad de si se ofrece a los afectados alquiler social en la propia vivienda o no, en cuyo caso se trata de ver distintas opciones priorizando, si es posible, que sea la propia entidad la que ofrezca otro alojamiento". "Si esta vía no es posible, se buscan alternativas a través de la bolsa de viviendas, vacantes municipales, Zaragoza Alquila u otras", ha añadido Blasco.
De cualquier forma, la presencia de casos de ejecución presupuestaria están disminuyendo en los últimos meses. En ese sentido, se observa una mayor predisposición de las entidades al diálogo y a la búsqueda de soluciones que eviten procedimientos de ejecución porque supone un menor coste para la entidad y por la posibilidad de ser alegadas como abusivas cláusulas de los préstamos en los juzgados.
A lo largo del presente mes, se volverá a publicar el listado de entidades adheridas al código de buenas prácticas, ya que al ser modificado por la reciente Ley 1/2013 son varias las entidades que aún no se han pronunciado y que siguen exigiendo los requisitos anteriores, los recogidos en la redacción de marzo 2012.
