Al final, el Gobierno reaccionó a última hora e hizo caso de la avalancha de posiciones contrarias manifestadas desde todos los lados, retirando la enmienda presentada en el Senado al Proyecto de Ley de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas, que dejaba a los promotores de vivienda social de alquiler sin ayudas de subsidiación al préstamo ya reconocidas.
La justificación de esta enmienda la basaba el Partido Popular en que los compromisos de gasto y obligaciones en materia de ayudas a la vivienda, provenientes de planes estatales anteriores, por su cuantía y duración –algunas se prolongan hasta el año 2038– resultan insostenibles en un marco de restricciones presupuestarias y contribuyen al incremento automático del déficit, razones que justifican su limitación con carácter extraordinario.
El Gobierno, que para 2013 incluyó el fin de la desgravación por la compra de vivienda habitual y la confirmación de la subida del IVA para vivienda nueva del 4% actual al 10% desde enero de 2013, limitó la renta básica de emancipación en un 30%, pasando de 210 euros a 147 euros al mes y suspendió las subvenciones para los interesados en una vivienda protegida.
Además, recortó un 6,6% la dotación destinada a la vivienda en los Presupuestos Generales del Estado para 2013 hasta los 765,88 millones de euros, el mayor volumen de esta partida se destina a pagar a los beneficiarios de los planes de vivienda de los últimos años, lo que en parte ha querido evitar el Grupo Popular con efectos retroactivos a sus compromisos. Un sinfín de recortes, que se completaban con esta retirada de las ayudas a los préstamos subsidiados para vivienda social.
Promotores, bancos y cooperativas vuelven a respirar. De haber salido adelante la enmienda hubiera resultado prácticamente imposible devolver los 6.000 millones comprometidos para la construcción de unas 60.000 viviendas, máxime cuando sus recursos están muy resentidos sobre los planificados al inicio de los proyectos.
Del recorte, el Gobierno solo salvaba en la enmienda a aquellos promotores que venían disfrutando de la ayuda para la adquisición de viviendas protegidas o para actuaciones protegidas de rehabilitación edificatoria. Además, también señalaba que no se admitirán nuevos reconocimientos de las ayudas de subsidiación de préstamos que procedan de concesiones, renovaciones, prórrogas, subrogaciones o de cualquier otra actuación protegida de los planes estatales de vivienda.
