Málaga. Raquel Rolnik, relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas, ha presentado un informe donde critica con dureza el paradigma inmobiliario basado en la financiación como mecanismo financiero, solicitando a los gobiernos afectados que abandonen de inmediato las políticas centradas en la financiación en pro de unas políticas basadas en los derechos humanos.
En el informe de 23 páginas describe con detalle la situación actual del mercado inmobiliario mundial marcado por los dogmas neoliberales heredados del siglo pasado y que se había extendido desde Norteamérica a Europa y posteriormente a América latina.
La privatización pública de viviendas de alquiler, ha provocado en algunas economías como la española una desaparición paulatina de los mercados de vivienda pública a favor de la privada.
La difusión de que la propiedad es la mejor opción de tenencia también se ha extendido fuertemente sobre la población, relegando a un segundo plano otros tipos de tenencia alternativos o bien establecidos, como la vivienda de alquiler (pública o privada) y diferentes formas de propiedad cooperativa y colectiva en muchos países de la OCDE.
El descubrimiento de que el elemento crucial de esta transformación era la necesidad de contar con sistemas de financiación de la vivienda. Por financiación de la vivienda se entienden las políticas y programas financieros cuyo objetivo es sufragar el costo de la vivienda de una persona o familia proporcionando prestamos (micro créditos, hipotecas) o subvenciones (exenciones fiscales y subsidios) para comprar, alquilar, construir o remodelar dicha vivienda.
La mayoría de las políticas y estrategias de financiación van dirigidas a las personas y no a las instituciones que alquilan viviendas, tienen por objetivo promover la propiedad.
El informe destaca que en la década de 1980 el proceso de desregulación, liberalización e internacionalización de la economía tuvo una importante repercusión en el desarrollo urbano inmobiliario.
Otro punto destacado en el informe es que se ha producido una transformación del concepto de vivienda adecuada, que deja de considerarse un bien social para convertirse en un producto comercial y una estrategia de las familias para acumular riqueza y asegurar su bienestar. El sector inmobiliario se considera como una fuerza que puede impulsar el crecimiento económico continuado y sostenible.
La accesibibilidad de la financiación de las capas más pobres de la población al mercado de la vivienda, debido a la disminución de inversiones públicas a los sectores más desfavorecidos es motivo de análisis profundo por la Relatora de la ONU, pues es en esta franja de ciudadanos donde se plantean graves deficiencias dentro del sistema de bienestar.
Las políticas públicas acometidas en diversos países han atentado contra el artículo 11, párrafo 1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
La falta de supervisión, planificación y control de algunas políticas promovidas en las ultimas décadas han promovido de forma creciente la discriminación y desigualdad entre la ciudadanía, sobre todo debían haber prestado una mayor atención a los derechos de las personas pobres y desfavorecidas. Los estados debían por tanto vigilar, ajustar y rectificar sus políticas y programas en consecuencia.
Se critica la forma en que se han otorgado los prestamos hipotecarios a las familias, los llaman prestamos leoninos que han afectado a las personas mas vulnerables y se consideran desde este informe como discriminatorios al mismo tiempo que a escala macroeconómica se observaron efectos negativos del crecimiento de los créditos en la vivienda con el aumento de precio de las mismas.
Los países que adoptaron un sistema de hipotecas sumamente abierto, basado en préstamos de alto riesgo, entre los cuales se incluye España, han venido sufriendo una grave crisis desde 2008, que coincide con la propagación de la crisis financiera de EEUU. Aumentan como consecuencias de todo ello, la morosidad, las ejecuciones hipotecarias y el número de personas sin hogar.
Tras la crisis la restricción crediticia ha vuelto a dejar fuera a los individuos de bajos ingresos, además de que los gobiernos han aumentado la reglamentación de los sectores bancarios y financieros, en el caso español.
Otra queja del informe es el que hace referencia a las subvenciones vinculadas con la financiación de la hipoteca y el ahorro que no suelen dirigirse a los pobres y en realidad benefician a quienes tienen más recursos.
De las conclusiones y recomendaciones del informe extraemos las más llamativas:
– Critica que la financiación de la vivienda se ha convertido en un pilar central de los mercados financieros mundiales.
– El estado ha pasado de ser proveedor de viviendas asequibles a facilitador de los mercados inmobiliarios y financieros
– La relatora opina que en general estas políticas sociales en vivienda no han servido para promover el acceso de los sectores de población mas desfavorecidos a una vivienda adecuada.
– Por su naturaleza misma, las políticas de financiación de la vivienda basadas en el crédito discriminan a las familias de menores ingresos
– Estas políticas no abordan los aspectos más amplios del derecho a una vivienda adecuada
– La vivienda ha sido concebida como un activo y un producto básico, distribuido solo por las fuerzas del mercado.
– Los pobres han estado al margen de soluciones adecuadas a ello más allá de la lógica financiera de los mercados inmobiliarios.
– Los Estados siguen invirtiendo grandes cantidades de recursos públicos en rescates, subsidios, y exenciones fiscales.
Finalmente se recomiendan 15 medidas par atenuar la grave situación que atraviesan sectores de población afectados por la crisis financiera e inmobiliaria.
Para mas información pueden descargarse el informe completo en PDF
