Toledo. El consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda, Julián Sánchez Pingarrón, ha firmado un convenio de colaboración con el Decanato Autonómico de los Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de Castilla-La Mancha, cuyo objetivo es establecer la colaboración para el desarrollo de medidas normativas y de gestión derivadas del V Plan Regional de Vivienda y Rehabilitación de Castilla-La Mancha 2009-2012, y, como consecuencia, favorecer la aplicación de la Ley de Garantías en el Acceso a la Vivienda en Castilla-La Mancha.
Sánchez Pingarrón ha destacado que la especial cualificación profesional de los Registradores de la Propiedad y su función de controladores de la legalidad mediante la calificación catastral, que ejercen de forma independiente, les hace “especialmente idóneos para la colaboración con la Administración Regional en el desarrollo de medidas normativas y de gestión que garanticen el objetivo fundamental de la vivienda protegida”.
Uno de los rasgos característicos de la forma de hacer política en Castilla-La Mancha, ha subrayado el consejero, “es la búsqueda de la colaboración y la implicación de los colectivos relacionados con cada programa concreto, porque el intercambio de puntos de vista y la unión de esfuerzos facilitan la consecución de las metas marcadas”.
El titular de Ordenación del Territorio y Vivienda, ha recordado que, según el informe publicado por el Ministerio de Fomento, Castilla-La Mancha es la primera comunidad autónoma en número de viviendas protegidas terminadas, con un dato de 2,5 por cada mil habitantes, frente a una media nacional de 1,2, es decir, más del doble. Además, según esta estadística los datos de 2010 suponen el mayor número de viviendas protegidas terminadas de los últimos quince años y suponen el 48 por ciento de todas las viviendas, incorporando las libres.
En este sentido, ha continuado el consejero, “los esfuerzos que estamos realizando para impulsar la construcción de viviendas protegidas no alcanzaría la máxima eficacia sin un control adecuado de que esas viviendas vayan destinadas a las personas que más las necesitan y que en las transacciones de viviendas con protección se respeten los requisitos establecidos. En ese contexto se enmarca este convenio con los Registradores de la Propiedad”.
Entre las actuaciones recogidas en el convenio figuran la elaboración de borradores e informes de la distinta normativa en materia de vivienda protegida que se elabore, o la concreción de un procedimiento ágil y sencillo para la comunicación a la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda de los datos que figuran en los Registros de la Propiedad sobre bienes inmuebles inscritos a nombre de los interesados en el acceso al Registro de Demandantes de Vivienda con Protección Pública, así como para la solicitud y entrega de información sobre inmuebles pertenecientes al patrimonio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Además, se establece la designación, por parte de los Registradores de la Propiedad, de dos representantes para su asistencia a las reuniones de la Comisión Regional de la Vivienda que se celebren en el periodo de vigencia de este convenio. Los mencionados representantes deberán aclarar y exponer al resto de asistentes, las dudas que con respecto a los asuntos que en la misma se traten, puedan surgir, y en concreto asesorarán al Presidente de la Comisión en todo lo que sea necesario.
La cooperación entre las dos partes se extenderá también a otras actuaciones como la lucha contra cualquier tipo de fraude que pudiera generarse con la adjudicación y transmisión de viviendas con protección pública; la realización de informes jurídicos sobre proyectos normativos del Gobierno relativos a vivienda; y la divulgación de las medidas del V Plan Regional de Vivienda y Rehabilitación de Castilla-La Mancha.
También se constituirá una Comisión Mixta, integrada por dos personas de la Dirección General de la Vivienda y otras dos designadas por el Decanato Autonómico de los Registradores de la Propiedad, que se encargará de resolver e interpretar cuantas incidencias o dudas surjan a lo largo del desarrollo del convenio.
