Canarias. El Consejo de Gobierno ha acordado solicitar el dictamen al Consejo Consultivo de Canarias sobre el proyecto de decreto por el que se modifica el Decreto 135/2009, de 20 de octubre, por el que se regulan las actuaciones del Plan de Vivienda de Canarias 2009-2012. Con la propuesta de modificación, el Gobierno canario adapta su política de vivienda a las demandas de la ciudadanía ante la situación económica actual y mantiene las medidas transitorias aprobadas en años anteriores para paliar las consecuencias de la crisis como la posibilidad ofertada del alquiler por 50 euros al mes de viviendas nuevas construidas que los promotores no han podido vender.
Con la modificación del decreto también se propone ampliar dos años más para la conversión de viviendas libres en protegidas; permite la interrupción del pago del préstamo al comprador en situación de desempleo durante 2011, solicitar las subvenciones al alquiler de viviendas sociales a las familias que se les haya cumplido el plazo de renovación, y favorece el acceso a la propiedad de las segundas adjudicaciones.
Además, el nuevo decreto abre un plazo de 6 meses para solicitar el acceso a la propiedad a las familias que accedieron a una vivienda social en segunda adjudicación y amplia, hasta el 31 de diciembre de 2012, la conversión de viviendas libres en protegidas.
Permite, también durante 2011, la interrupción del pago del préstamo del adquirente en situación de desempleo si ya ha hecho frente al pago de una anualidad completa; se prorroga la posibilidad de que las personas jurídicas que adquieren promociones completas puedan subrogarse en la situación del promotor, con los mismos derechos y obligaciones, y, por último, durante los dos próximos años también estará vigente la posibilidad de que se autorice la puesta en arrendamiento de viviendas de promociones destinadas a la venta como vivienda protegida.
En materia de alquiler, establece la ampliación del plazo para el otorgamiento de las ayudas al alquiler a las familias inquilinas de viviendas sociales, con carácter retroactivo desde dos vertientes. Por un lado, se posibilita la renovación de dichas ayudas mediante la concesión de un nuevo plazo de 6 meses para los adjudicatarios que, a 31 de diciembre de 2007, ya las vinieren disfrutando y, por otro lado, se procede a la apertura de un nuevo plazo de 6 meses para aquellos adjudicatarios que a 31 de diciembre de 2007 no estuvieran disfrutando de la ayuda.
Otra medida que impulsa la modificación es la del modelo intermedio entre la promoción de vivienda protegida para venta y para alquiler, promoción para transmisión del derecho de superficie. El precio de estas viviendas será, al menos, un 20% más barato que las destinadas a la venta y sus adjudicatarios adquirirán el derecho de superficie por 99 años.
Se incrementa en un 50% el período en el que el adquirente de una vivienda protegida podrá disfrutar de la ayuda para pagar el préstamo convenido, que pasa de diez años a quince años. De esta forma, la cuantía máxima de esta ayuda se incrementa en 4.000 euros, hasta 14.500 euros.
Con esta modificación, el Gobierno de Canarias se adapta al Real Decreto aprobado por el Estado en diciembre de 2010 por el que se suprimieron determinadas ayudas y subvenciones, lo que implicará una disminución de los ingresos de la Comunidad Autónoma de Canarias procedentes de los fondos del Plan Estatal de Vivienda remitidos por el Ministerio de Fomento en materia de vivienda.
El proyecto de Decreto va a suponer reducción de gastos para la Administración del Estado, dado que desaparece la Ayuda Estatal Directa a la Entrada de viviendas protegidas, también desaparece la reserva de eficacia, esto es, no habrá presupuestario estatal adicional para las Comunidades Autónomas que superen los objetivos convenidos y se suprimen las subvenciones para la urbanización de suelo edificable destinado de forma especial a vivienda protegida.
De este modo, el Gobierno de Canarias busca nuevas fórmulas para que esta reducción no afecte a las familias canarias con menos ingresos y en lugar de suprimir ayudas reduce el tramo de ingresos para poder solicitar estas subvenciones a las familias con rentas más altas.
En el caso de las viviendas en régimen de autoconstrucción o promoción para uso propio se reduce en un importe máximo la subvención que el Gobierno concede al suelo de 9.500 euros a 6.000 euros. Para las viviendas protegidas de régimen especial en alquiler a 10 años la cuantía máxima se cifra en 7.500 euros y para las de 25 años la bajada es menor, quedándose en 9.500 euros frente a los 13.000 euros anteriores con el fin de potenciar el régimen especial en arrendamiento a 25 años, y así continuar impulsando el alquiler en sentido estricto a largo plazo.
