La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y la Sareb mantienen desde hace varios días una trifulca por todo lo alto, desde que la Plataforma lanzara, el pasado miércoles, la campaña «la Sareb es Nuestra» para denunciar el, a su juicio, «expolio» que se está cometiendo con viviendas pagadas con dinero público.
Pero, a diferencia de iniciativas anteriores, en esta ocasión con un enlace que guiaba al internauta a un mapa de España, en el que se indicaba, con detalle (lugar y dirección, con piso y letra del inmueble), la localización de unas 30.000 viviendas vacías del banco malo.
«Mientras no vemos atisbo de respuesta por parte de la Sareb ni la banca en general, creemos que es nuestra obligación compartir nuestras herramientas, para que sea la gente organizada quien dé respuesta a esta situación», apuntaban desde la PAH.
La reacción de la Sareb fue inmediata, instando a la PAH a retirar el enlace a esta página en Internet, amenazando que si, en el plazo de 24 horas no lo hacían, interpondría acciones legales ante lo que considera un ataque.
Denunciaba que se habían copiado los colores, características y diseño de su web oficial, algo que, estima, lleva a confusión, además de constituir un delito sobre la propiedad intelectual que puede conllevar infracciones penales.
El banco malo también aludía al hecho de que la página web «incitaba a la ocupación» de las viviendas, facilitado incluso el documento ‘Manual de la Obra Social PAH’ en el que se recogen los pasos a seguir para llevar a cabo la, a su juicio, «ocupación ilegal de las viviendas».
La PAH ha retirado el enlace al mapa punteado, pero ya anuncia que, en los próximos días modificará la imagen de la campaña, para «alejarla de un parecido con la Sareb». E insiste en que el mapa sirve como material de difusión para visibilizar una pequeña parte de la extensión y la cantidad de viviendas que ha sido rescatada con dinero público.
Con más de 106.000 propiedades, la Sareb es la inmobiliaria más grande de Europa, siendo en un 45% de capital público -el aportado por el Estado a través del Frob, su principal accionistas-, y cuyo objetivo es vender los activos antes de 2027, si puede ser con beneficios.
