La Comisión Europea (CE) y el Banco Central Europeo (BCE) han hecho público el quinto y último informe sobre el rescate de la banca española. Y en líneas generales ven el futuro con cierto optimismo, salvo en el caso del banco malo. Entienden que la vigilancia sobre la actividad de Sareb debe continuar para garantizar que la venta de activos se realiza de manera puntual y minimizando el coste para los contribuyentes.
El documento llama la atención, de manera extensa, sobre los retos que afronta Sareb, sociedad afectada tanto por la competencia de otras entidades como por el deterioro continuado del mercado hipotecario e inmobiliario.
El informe aprecia varios riesgos en toda la estrategia de la entidad dirigida por Belén Romana. En primer lugar, la débil recuperación de la economía española, que puede repercutir negativamente en el mercado inmobiliario.
Un mercado, añade el documento, que está cambiando de perfil, como consecuencia de la irrupción de nuevos servicios de las entidades financieras. La CE y el BCE advierten que Sareb no solo sufrirá por la competencia de esos rivales, sino que puede haber conflictos de interés porque algunos de ellos son sus propios accionistas.
El banco malo también podría sufrir como consecuencia del aumento de la morosidad, fenómeno que, según el informe, podría reducir los ingresos esperados en la cartera de préstamos.
El programa de rescate expiró sin que España pidiese una prolongación (que le hubiera dado acceso a los 57.000 millones de euros restantes de un préstamo de hasta 100.000 millones) y sin que el resto de la zona euro presionase al Gobierno de Mariano Rajoy para que solicitase una prórroga.
La aplicación del Memorándum de condiciones asociado al préstamo ha permitido, según los organismos europeos, estabilizar y reestructurar el sector financiero (se ha pasado de 45 entidades o grupo a solo 12) y mejorar su solvencia.
A pesar de esos éxitos, Bruselas advierte que “la rentabilidad del sector bancario se verá afectada en los próximos años por el menor volumen de intermediación y por la continua presión sobre la calidad de los activos”. Y añade que “a pesar de los brotes verdes de la recuperación económica, las elevadas tasas de paro y la debilidad del mercado inmobiliario suponen un grave contratiempo para la rentabilidad de los bancos y los esfuerzos de recapitalización por sus propios medios”.
El informe subraya, además, el posible impacto en los resultados de la banca de la nueva legislación sobre desahucios. Bruselas teme que las normas nacionales o de las comunidades para proteger a los hipotecados aumenten la incertidumbre legal del sector y obliguen a aumentar las provisiones por posibles impagos. Con todo, la CE y el BCE parecen haber moderado sus tesis en ese terreno, porque en anteriores informes llegaron a calificar como un “riesgo sistémico” la ley andaluza para frenar los desahucios.
