La Comunidad de Madrid iniciará próximamente la robotización de más de 200 trámites administrativos que hasta ahora eran manuales y rutinarios, con el objetivo de convertirlos en tareas automatizadas que permitan agilizar el trabajo de los empleados públicos. De este modo, los funcionarios verán reducido el tiempo que dedicaban a la gestión de esas labores y podrán mejorar los plazos de resolución de cuestiones y de respuesta a los ciudadanos.
La Consejería de Digitalización destinará 6,7 millones de euros en los próximos cuatro años al proyecto de Factoría de Automatización Robótica de Procesos (RPA en sus siglas en inglés), término técnico referido a la plataforma tecnológica que hace posible mecanizar funciones como la búsqueda, identificación y extracción de datos en la documentación entregada por un usuario o la consulta en otras fuentes para la recuperación e interpretación de información necesaria.
Esta tecnología ayuda al reconocimiento óptico de caracteres, de manera que cuando el ciudadano presenta un escrito requerido en un proceso concreto, reconoce aquello que necesita la Administración y lo traslada directamente al sistema, evitando que un funcionario tenga que introducirlos manualmente.
El consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, ha explicado que el departamento responsable de la transformación digital de la región ya ha inventariado más de 1.700 gestiones públicas sobre las que se podría actuar para automatizar y unificar pasos. Y ha señalado que la robotización de acciones se irá implantando progresivamente a lo largo de la Legislatura.
Para el consejero, esto supone la eliminación de funciones de bajo valor añadido que requieren de un gran esfuerzo y suponen horas de dedicación por parte de los empleados públicos, que ahora podrán implicarse en otras tareas más cualificadas, en la resolución de problemas o en la toma de decisiones.
“Dotará de mayor calidad a los puestos, motivará más a los trabajadores y redundará en la mejora de la productividad, ya que la mecanización de acciones implica aumentar la velocidad de las tramitaciones. Es un doble beneficio: se reducen los tiempos de gestión y se optimiza la respuesta al ciudadano, además de minimizar errores en la transcripción de datos”, ha destacado López-Valverde.
