Cuántos quebraderos de cabeza nos hubiéramos ahorrado en España si, como han decidido aplicar en Gran Bretaña, las entidades financieras hubieran realizado un control –tampoco excesivo – a aquellos a los que se concedieron créditos hipotecarios de manera indiscriminada, pasando por alto una mínima política de gestión de riesgos.
El procedimiento resulta de lo más sencillo. La banca británica lo ha puesto en marcha para curarse en salud, y no pasa nada. Simplemente se pregunta a los clientes sobre sus gastos mensuales, como una manera sencilla de comprobar su solvencia a largo plazo antes de concederles hipotecas, a partir de una nueva normativa que entra en vigor esta semana.
Por medio de la Revisión del Mercado Hipotecario (MMR, en inglés), que se diseñó tras la crisis crediticia de 2008 si bien se había pospuesto su aplicación, las entidades estarán obligadas a asegurarse de las condiciones económicas de los ciudadanos.
De esta manera, en la entrevista previa a la concesión de una hipoteca podrán preguntar sobre los gastos mensuales concretos, como de guardería o peluquería, y sobre los planes de jubilación o la intención de formar una familia. Nada del otro mundo. Y, ante las dudas que pudieran existir, ya se sabe, solicitud denegada y a otra cosa. Nada de lo que pasó en España durante el primer lustro de la pasada década, y cuyas consecuencias todavía hoy se siguen dejando sentir.
Los bancos del Reino Unido, en base a esta revisión, también deben realizar un ejercicio de resistencia, una especie de stress test sobre las finanzas de los clientes a fin de comprobar que podrían devolver el crédito incluso si los tipos de interés, actualmente en el 0,5 % en el Reino Unido, subieran hasta un 7 % en un periodo de cinco años.
Hasta ahora, era suficiente con presentar prueba de los salarios para optar a la hipoteca, pero la Autoridad de conducta financiera (FCA), reguladora del sector bancario, considera que hay que endurecer los requisitos para evitar deudas impagables. Todo en base a una lógica aplastante que no dejar lugar a dudas, la basada en la sensatez de prestar a un cliente lo que pueda realmente devolver.
Aunque algunos apuntan que los nuevos requisitos no significan que dejen de concederse hipotecas a las personas de ingresos inferiores o con depósitos bajos, cabe pensar que la consecuencia más lógica de esta práctica sea la de provocar un aumento de la desestimación de más solicitudes.
Todo un aviso a navegantes en un momento de auge del mercado inmobiliario en Gran Bretaña, que busca evitar otra burbuja debido al incremento del precio de la propiedad por la creciente demanda, impulsada en parte por un programa gubernamental de avales a compradores de primera vivienda, que también ha quedado en suspenso.
