Rápido, muy rápido han empezado a llegar las alegaciones al polémica proyecto de Real Decreto que, entre otras cuestiones, plantea el denominado ‘impuesto al sol’. Las asociaciones de afectados por los recortes a las renovables han actuado rápido, facilitando un modelo de alegación, y estas no se han hecho esperar, siendo ya cerca de 10.000 las tramitadas.
El proyecto de Real Decreto desincentiva totalmente la práctica del autoconsumo en nuestro país y vulnera las Directivas Europeas de Eficiencia Energética y de Fomento de las Energías Renovables, al imponer un peaje o «impuesto al sol» por la energía autoconsumida.
Además, prohíbe que los consumidores acogidos a tarifa regulada (Precio Voluntario del Pequeño Consumidor o bono social) puedan tener una instalación de autoconsumo, lo que impide al autoconsumo convertirse en una herramienta de lucha contra la pobreza energética, un problema que afecta a más de siete millones de personas en nuestro país y cuya solución debería ser prioritaria para el Gobierno.
El escrito de alegaciones sostiene que el Proyecto de Real Decreto de autoconsumo «promete promoverlo pero, en la realidad, hace el autoabastecimiento energético inviable y se esfuerza en mantener el control absoluto de las grandes empresas eléctricas sobre el sistema». En las alegaciones se solicita la retirada del proyecto de Real Decreto y la apertura de un diálogo con los sectores afectados, empezando por los consumidores, con objeto de elaborar una nueva propuesta de Real Decreto que realmente promueva el autoconsumo en España.
La iniciativa para recabar apoyos a estas alegaciones continuará mediante una campaña online, a través de la organización Avaaz, durante el resto del período de información pública, que finaliza el próximo 24 de junio.
Con todo, no es este el gran problema al que tiene que hacer frente el Gobierno en relación a este asunto de las renovables. La vista está puesta en esas 19 peticiones de arbitraje en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), la Cámara de Comercio de Estocolmo y Uncitral. Los tres foros previstos en la Carta de la Energía para garantizar la seguridad jurídica de las inversiones. Hay miles de millones de euros en juego. Solo en 2014, los consumidores pagaron 6.500 millones en primas a las renovables.
En su defensa, España viene alegando que los recortes han sido aprobados por parlamentos democráticos, que sigue garantizando una rentabilidad razonable y, sobre todo, que ha afectado por igual a españoles y extranjeros. Y está tratando de que todo se dirima en el Tribunal Europeo de Justicia. Pero, la cosa ha empezado a torcerse. Uno de esos comités ha dado la razón a un grupo de inversores fotovoltaicos en su primera decisión y se ha declarado competente para juzgar las reclamaciones de inversores comunitarios.
