La dificultad de acceso a la energía se ha convertido en un verdadero problema a nivel mundial, que afecta especialmente a las familias socio-económicamente más vulnerables, como pueden ser desempleados y jubilados, afectados por la continua caída de los ingresos familiares, los altos costes de la energía y la baja calidad de las viviendas en términos de eficiencia energética.
En los últimos años el porcentaje de los ingresos que los hogares españoles destinan a las facturas de la energía se ha incrementado un 25% especialmente en comunidades como Castilla-La Mancha, La Rioja, Castilla y León, Aragón y Extremadura, siendo la electricidad la principal responsable de este crecimiento, ya que es el apartado más importante en las facturas de la energía del hogar, por encima del gas, según el estudio Pobreza Energética en España, elaborado por la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA),
Los datos son preocupantes, pero todavía muy alejados de los que se dan en otros países europeos. No obstante, ya un 7% de la población española, más de tres millones de personas, vive en hogares que se declaran incapaces de mantener su vivienda con una temperatura adecuada durante los meses más fríos, porcentaje muy inferior al registrado en otros países del sur y este de Europa como Portugal, Chipre, Lituania, Rumanía y Bulgaria, país éste último donde más de la mitad de la población, un 62%, se encontraba en esa situación.
En relación con este asunto, un 5% de la población española sufre retrasos en el pago de recibos -sólo en el año 2012 las compañías eléctricas cortaron el suministro a 1,4 millones de vivienda- y un 18% reconoce vivir en hogares con goteras, humedades o podredumbre en paredes, ventanas o cimientos. Circunstancias que derivan en la aparición de gripe y resfriados, empeora la situación de personas con artritis y reumatismo e incide en un aumento del riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares.
España cuenta, aproximadamente, con 25 millones de viviendas y algo más de la mitad construidas antes de que se adoptara la primera normativa de eficiencia energética en edificios. Según refleja el estudio, el consumo de energía de las viviendas de nuestro país está comprendido entre los 100 y los 350 kilovatios hora por metro cuadrado año (kWh/m2 año), muy lejanas a los niveles de entre 20 y 50 kWh/m2 año que se podrían alcanzar en estos edificios si tuviesen el nivel A de certificación energética.