Durante dos días, la sede de la Abogacía de Málaga ha acogido un total de ocho mesas redondas sobre la ocupación delincuencial, en las que han participado representantes políticos, magistrados, letrados, miembros de los ayuntamientos, fuerzas de seguridad del estado, etc., que han puesto sobre la mesa la problemática actual, así como la propuesta de posibles y futuras soluciones al respecto.
La primera edición del Congreso de Ocupación Ilegal, organizado por la Abogacía de Málaga, el Colegio de la Abogacía de Barcelona y el Colegio de Abogados de Mataró en la capital malagueña, clausurado el viernes 20 de mayo, tras dos días de análisis y propuestas en el ámbito jurídico aplicado a la ocupación delincuencial.
Entre las conclusiones que, a priori, se han extraído de este I Congreso de la Ocupación Ilegal está la más determinante que es la propuesta de medida cautelar inmediata de desalojo de la vivienda ocupada ilegalmente.
En total, más de 400 personas han asistido, tanto de manera presencial como online, a las distintas ponencias que han defendido reputados expertos continuarán con el estudio en profundidad el fenómeno de la ocupación ilegal, con el objeto de recoger las conclusiones aportadas y elevarlas a los poderes legislativos para instar la correspondiente modificación legal de enjuiciamiento criminal.
Esta segunda jornada ha estado dividida en tres mesas redondas. Para empezar, se ha abordado el tema “Economía y seguridad jurídica. Impacto de la ocupación en la inversión, y ocupación de la vivienda de nueva construcción”, centrada en inversores, promotores y constructores.
En ella han participado Xavier Vilajoana Eduardo, presidente de la Asociación de Promotores de Cataluña, y José Pablo Martínez Marqués, director del Departamento de Servicios Jurídicos de la Confederación Nacional de Constructores, quienes han analizado el impacto de la ocupación en la inversión y la ocupación de vivienda de nueva construcción.
José Pablo Martínez Marqués ha criticado la redacción de los derechos y deberes del Proyecto de Ley de Vivienda, señalando problemas de justificación de competencias estatales: «la norma olvida la dimensión de la vivienda como bien patrimonial”.
Por su parte, Xavier Vilajoana lamenta que no se busquen soluciones a largo plazo y llama la atención sobre el aumento de este problema en España y en Cataluña. “La ocupación ha llegado a las viviendas en promoción”.
A continuación, ha tenido lugar la mesa “Ocupación de vivienda pública”, con José María López Cerezo, gerente del Instituto Municipal de la vivienda de Málaga; Nuria Moreno Romero, teniente de alcalde de Mataró; y Montserrat Junyent Martín, asesora Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona y del Consejo General de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de España (COAPI). Durante el desarrollo de la misma, se han sacado a la palestra temas tales como la situación ocupacional del territorio español, el desahucio exprés, Málaga como tercera ciudad española en inversión en VPO, el número de familias atendidas por ocupaciones irregulares anualmente, etc.
La última mesa, que ha llevado por título “Primeras actuaciones tras la noticia criminis”, ha reunido a Julio Bujalance, inspector Jefe de Policía Nacional Comisaria Provincial de Málaga; Josep Maria Cavallé Jorquera, inspector Mossos d´Esquadra de Mataró; y Marc Corominas, policía local de Mataró.
En palabras de Julio Bujalance, «la policía intenta dar una respuesta integral”. Por su parte, Josep María Cavallé ha incidido en la falta de criterio judicial homogéneo: “no hay marco temporal de flagrancia. Es necesario contar con seguridad jurídica para las actuaciones policiales dado el alto grado de responsabilidad que recae sobre nosotros”. Marc Coromina, ha reflexionado sobre los delitos asociados a la consumación de la ocupación y sus consecuencias: inseguridad ciudadana. Puede derivar en empresas de desocupación o patrullas ciudadanos. En el contexto de esta mesa redonda se ha llegado incluso a reflexionar sobre la necesidad de seguridad jurídica para los funcionarios de la policía.
Acto de clausura
Tras el desarrollo de estas tres mesas programadas, ha tenido lugar el acto de clausura en el que han participado Flor Carrasco, vicedecana de la Abogacía de Málaga; Enrique Vendrell, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona-Lleida, en representación del Colegio de la Abogacía de Barcelona; y María Pastor Santana, decana del Colegio de Abogados de Mataró.
Flor Carrasco ha transmitido que “nos dimos cuenta de que juntos podíamos hacer mucho más y, sobre todo los que creemos en el poder transformador de la abogacía, la abogacía valiente, la abogacía que no mira hacia un lado, la que está aquí y ahora, y que junto con el resto de participantes somos el motor del cambio normativo”.
“Creemos que este va a ser el primer y último, de verdad, Congreso de Ocupación porque entre todos lo vamos a conseguir”, declarando clausurado dicho congreso.
Durante esta segunda jornada de este primer Congreso de Ocupación Ilegal, el decano del Colegio de la Abogacía de Barcelona, Jesús M. Sánchez, ha afirmado que “vamos a presentar -a través de las enmiendas al proyecto de ley de eficiencia procesal- la modificación de la LECrim, proponiendo la incorporación de un nuevo artículo, el 544 sexies, y la modificación del artículo 13 para disponer de una medida cautelar inmediata que permita el desalojo de la persona que ocupa ilegalmente una vivienda, contra la voluntad de su propietario, ya sea éste, una persona física o jurídica”.
El I Congreso de Ocupación Ilegal cuenta con el patrocinio de AlterMutua, VLex, Ayuntamiento de Mataró, Fundación Unicaja, los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Cataluña y Seguros Santa Susana.
