El Gobierno de Murcia, presidido por Ramón Luis Valcárcel, ha tenido que dar marcha atrás en su intento de despojar a Sacyr de la concesión del nuevo aeropuerto de Corvera. Detrás de la marcha atrás, el dinero. El Ejecutivo murciano se tenía que haber hecho cargo de un aval de 180 millones de euros, y necesitaba contar con algún inversor que les pusiera.
Ese inversor no ha llegado –básicamente se pretendía que fuera AENA quien se hiciera cargo, pero la entidad pública se negó en redondo–, y con la ayuda de La Caixa, Valcárcel ha logrado convertir el aval de 180 millones en un crédito participativo lo que le permitirá sacar esa cantidad del déficit. Así, no quedaba otra que devolver la gestión a Aeromur, la sociedad con la que tenía firmado el contrato para explotar el nuevo aeródromo durante 40 años.
El pacto deja pendientes de solución algunos asuntos espinosos, como son las nuevas condiciones económicas que Sacyr quería revisar para poder gestionar el aeródromo. La empresa entiende que las situaciones económicas han cambiado notablemente diez años después de ser adjudicada la concesión, con una notable caída en las expectativas de tráfico de pasajeros, y por ello había comenzado a pedir los primeros permisos de licitación para la explotación de las instalaciones.
Otro de los aspectos que ha ayudado a este giro en la postura del Gobierno regional ha sido la reciente salida del Ejecutivo de vicepresidente, Juan Bernal, principal opositor porque consideraba que la empresa concesionaria estaba retrasando intencionadamente la apertura para lograr sus objetivos y, si no fuera así, que se le indemnizase con una fuerte suma de dinero. Para empezar, Aeromur reclamaba los 50 millones de euros que había puesto como capital social.
Así pues, Valcárcel da marcha atrás en toda regla –muchas voces dicen que será la última vez que lo haga como presidente de Murcia ante su más que posible inclusión en la lista del Partido Popular al Parlamento Europeo, y su consiguiente cese al frente del Gobierno de Murcia a finales de marzo–. A finales del pasado verano, pensó que la rescisión del contrato a Sacyr –por entender que había abandonado el proyecto y no había abierto las instalaciones en la fecha prevista–, sería resuelta sin mayores problemas, pero la interposición de un recurso por parte de la constructora enredó el tema sobremanera. Hasta ahora.
