No sé sabe muy bien cómo han hecho los cálculos en el Ejecutivo murciano presidido por Ramón Luis Valcárcel a la hora de valorar la reclamación de daños y perjuicios a Aeromur, la empresa controlada por Sacyr, por el retraso en la puesta en funcionamiento del nuevo aeropuerto de Corvera. Pero lo cierto es que los 3.000 millones que reclama suponen casi el 70% de lo que adeuda esta Comunidad Autónoma.
El montante solicitado, a través del recurso de reposición interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, suma los 200 millones de cargas financieras derivadas del aval prestado a favor de la concesionaria, las expropiaciones pendientes de pago, y el retraso de la puesta en servicio, lo que supondría una pérdida de pasajeros y el gasto medio que estos efectuarían en la región.
La cantidad solicitada resulta a todas luces excesiva si se tiene en cuenta que representa casi el doble de la capitalización bursátil de Sacyr, principal accionista de Aeromur, que ronda los 1.750 millones de euros.
La reclamación se produce justo en el momento en que Aeromur mantiene conversaciones con los bancos para poder abrir el aeródromo de Corvera dentro de seis meses, sobre todo con La Caixa, uno de los principales acreedores. Un acuerdo que pasa por un acuerdo final sobre el préstamo participativo.
En esas negociaciones con los bancos también se busca prorrogar el préstamo de 200 millones de euros vencido con la rescisión del contrato y con el que se había financiado parte del coste de construcción de Corvera. Una prórroga a lo largo de la cual Sacyr estaría dispuesta incluso a hacerse cargo de los intereses derivados del crédito.
Este préstamo fue avalado por el Gobierno de Murcia por lo que, dada su decisión de romper la relación con Aeromur, ahora tiene que hacerse cargo de él. Una situación que inevitablemente engordará la deuda y el déficit de la región y la alejará de los objetivos fijados por el Ejecutivo y por Bruselas.
Mientras tanto, el Gobierno regional sigue con la hoja de ruta marcada que, en su día llevó a la rescisión del contrato y a todo el procedimiento que se está siguiendo, aunque deja abierta todas las puertas a llegar a los acuerdos que sean necesarios, aunque en este caso la petición de esta cuantiosa cantidad por daños y perjuicios no parece que vaya precisamente en esa línea. Todo lo contrario.
