Quien le iba a decir a Ramón Luis Valcárcel que el proyecto del aeropuerto de Cervera-Murcia iba a acabar como ha acabado cuando, en julio de 2007, entre sonrisas de oreja a oreja, se firmó el contrato con Sacyr para su construcción y futura explotación. Pero así ha sido.
Tras dejar el ‘ilustre murciano’ Luis del Rivero la presidencia de la constructora en manos de Manuel Manrique, parece como si las relaciones entre el Gobierno murciano y Sacyr hubieran poco menos que desaparecido, a la vista de la concatenación de hechos sobrevenidos en las últimas semanas, y que, en el colmo de los colmos, han llevado a que la propia Guardia Civil hiciera acto de presencia en las instalaciones aeroportuarias para certificar que la constructora no se estaba llevando material del Ejecutivo autónomo.
Que las relaciones entre las partes no eran fluidas desde el cambio en la presidencia de Sacyr era evidente. Pero el pasado 13 de septiembre el Ejecutivo autónomo movió ficha y el asunto se ha enquistado y de qué manera. En esa fecha, el Consejo de Gobierno presidido por Valcárcel acordó retirar, de manera unilateral, la concesión del aeropuerto a Aeromur, filial de Sacyr, alegando que había incumplido el plazo establecido para la apertura del recinto aeroportuario.
Sorprendido por esta decisión, Sacyr no se quedó de brazos cruzados, reaccionando de manera inmediata con la petición ante el juez de la declaración de preconcurso para su filial Aeromur, y la petición a sus abogados de que preparen toda la documentación para ir a los tribunales a reclamar los 25 millones invertidos más la correspondiente indemnización por daños adicionales.
El Gobierno de Murcia se embarcó en este proyecto como lo hicieron otros Ejecutivos autónomos, como Castilla-La Mancha o la Generalitat Valenciana (ahí están los aeropuertos de Ciudad Real y Castellón, construidos y sin aviones), con excesivos riesgos.
Por una parte, las reticencias de la propia Aena, que nunca vio con buenos ojos un nuevo aeropuerto que compitiera con el de San Javier –hay 70 millones de Fondos Feder que, de cerrarse el aeródromo militar, tendrían que devolverse– y, por otra, esos 200 millones que varias entidades financieras prestaron para que el Gobierno murciano avalara el proyecto, y que ahora podría ser ejecutado.
Detrás de la reacción del Gobierno murciano se encuentra el bloqueo de casi 20 millones de la línea de liquidez con la que contaba el Ejecutivo al no poder ofrecer a los bancos más garantías de las que estos habían solicitado para seguir confiando en la viabilidad del proyecto.
