Madrid. Bankia no podía quebrar y se montó lo de la ayuda financiera y lo de la Sareb para que no lo hiciera, y ahora el Estado está en la misma tesitura. Hay un agujero de 4.000 millones que no pueden devolver las concesionarias de las autovías –en manos de las grandes constructoras como ACS, Ferrovial, Sacyr, Isolux o Comsa – y tampoco puede hacerlo el Estado, convertido al final, como adjudicatario de la concesión, en pagador último. Si al final los concursos que hay sobre la mesa acaban en la liquidación de estas concesiones, será el Estado el que asuma la responsabilidad de pagar.
Nadie quiere llegar a este extremo, pero tampoco hay dinero para sufragar la concesión de préstamos participativos y las cuentas de compensación, las dos vías de salvación articuladas inicialmente. Por ello andan dándole vueltas al tema para ver cómo se da la patada hacia adelante para que los bancos acreedores se queden más o menos tranquilos, las constructoras también, y sea el conjunto de los ciudadanos –el Estado somos todos, ya saben– el que apechugue con este otro cadáver en el armario.
Hay que terminar de convencer a los bancos acreedores del tema, porque al final serán ellos los que rescaten a esta decena de concecionarias quebradas. Se trataría de que asumieran toda la deuda, la suya –unos 2.300 millones– más los 1.200 millones que están en manos de entidades financieras extranjeras, de manera que todo quede en casa y no se corra el riesgo, como ha ocurrido en el caso de algunas inmobiliarias, de que algunas entidades como Eurohypo se salgan del carril y lo echen todo a perder. Y, además, tendrían que poner 1.200 millones adicionales para pagar, de una vez por todas, el sobrecoste de las expropiaciones.
Este es el asunto. Los bancos se quedarían con la deuda y el Estado con las acciones de las concesionarias de autovías quebradas y con una deuda de casi 5.000 millones a pagar dentro de 30 años. Dicen que los intereses serán blandos durante los primeros años, pero por muy blandos que sean imagínense el monto del agujero.
El plan se sustanciaría con la constitución de una sociedad de capital público en su totalidad, dependiente de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Terrestres (Seittsa), entidad integrada en el Ministerio de Fomento, la que se quedaría con todas las acciones de las autopistas, asumiendo la totalidad de la deuda y del aporte adicional que debería realizar la banca.
