El Colegio API de Alicante señala la urgencia de contar con un registro obligatorio de agentes inmobiliarios 

El Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Alicante muestra su rechazo hacia las prácticas del agente inmobiliario detenido en varias ocasiones en las últimas semanas por diversas estafas y deja claro que esta situación se podría haber evitado si ya estuviera en vigor el registro obligatorio de agentes inmobiliarios en la Comunidad Valenciana que los tres Colegios de Alicante, Valencia y Castellón vienen reclamando desde hace años. La presidenta de la entidad colegial, Marifé Esteso, informa de que esta persona no pertenece ni al Colegio profesional API ni a la asociación profesional vinculada al mismo, por lo que el Colegio no puede hacer nada ante lo que supone «una actuación lamentable y que viene a manchar el buen nombre de toda la profesión inmobiliaria».

Esteso recuerda que ya hay comunidades autónomas como Cataluña y Andalucía, entre otras, donde hace años que funciona un registro obligatorio de agentes inmobiliarios, que obliga a las personas que quieren ejercer esta profesión a contar con una formación mínima y un Seguro de Responsabilidad Civil. «Si el registro estuviera ya en vigor en la Comunidad Valenciana, tal y como venimos reclamando en los últimos años, todo el que se dedica a realizar prácticas de este tipo estaría ya fuera y no podría trabajar en la intermediación inmobiliaria», señala. Por ello, el Colegio API de Alicante urge al nuevo gobierno regional a aprobar «de forma urgente» este registro de agentes inmobiliarios y que sea de carácter obligatorio, de manera que cualquier profesional que desee trabajar en la intermediación inmobiliaria cuente con una oficina física en la que poder reclamar, un Seguro de Responsabilidad Civil y una formación mínima. «Han pasado ya casi 20 años desde la total desregulación de este sector, una situación que ha perjudicado principalmente a los consumidores, que se encuentran con estafas y perjuicios con mucha más frecuencia de lo que sería deseable. Es inconcebible que las personas que participan en el proceso de compraventa de un bien de tanto valor como es la vivienda no se les exija ni siquiera saber leer ni escribir», señala.

«Desde el Consejo Valenciano de Colegios de Api venimos pidiendo a las distintas administraciones de los últimos diez años que se regule la actividad y se exija formación, seguros, deontología profesional, oficina física y todos los requisitos necesarios para dar seguridad jurídica al ciudadano. La respuesta siempre ha sido negativa porque interpreta la administración que es por nuestro interés. Nada más lejos de la realidad, pues el principal beneficiado sería el consumidor», señala la presidente del Colegio de Api de Alicante.

En este sentido, Marifé Esteso recuerda la polémica del colectivo API con la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), que ha realizado un informe que señala que no se debe exigir Seguro de Responsabilidad Civil a los API colegiados porque limita el acceso a la profesión. «Casos como el que se ha producido en Alicante demuestran claramente que es necesario exigir seguro a los que quieren trabajar como agentes inmobiliarios, pues no se puede poner esta libre competencia por encima de los derechos de los consumidores. Si a un abogado o una enfermera se les exige tener este seguro para poder ejercer, no entendemos que no se pueda aplicar la misma regla con los agentes inmobiliarios», afirma.

Marifé Esteso considera que la Vivienda debería ser una de las principales preocupaciones del nuevo Gobierno de la Generalitat Valenciana. «Facilitar que cualquier persona residente en la Comunidad Valenciana puede acceder a una vivienda, en propiedad o en alquiler, y que esta operación se pueda realizar con todas las garantías y seguridad debería ocupar un lugar destacado en los programas electorales de los partidos de cara a estas elecciones», señala.

Tampoco queda fuera de responsabilidad la Administración Central. «El Ministerio de Fomento debería también establecer unas reglas marco a nivel nacional para que las comunidades autónomas se pusieran a regular la protección al consumidor en materia de vivienda», sostiene.

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