Wednesday, 6 July 2022
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Actualidad y Noticias del Mercado Inmobiliario

La Comunidad de Madrid incorpora a árbitros de consumo para la intermediación inmobiliaria

La Comunidad de Madrid ha ampliado la garantía de administración del arbitraje de consumo a los ciudadanos gracias al convenio que ha firmado el consejero de Economía y Hacienda, Enrique Ossorio, con los presidentes de la Asociación Empresarial de Gestión Inmobiliaria AEGI) Comunidad de Madrid y de la Federación Española de Peleteros y Creadores de Moda (FEPYCM), que permitirá la participación de árbitros especializados en estas materias para resolver conflictos de consumo y garantizar su funcionamiento.

Las asociaciones firmantes propondrán y renovarán a las personas que puedan ser acreditadas como árbitros, participarán en los colegios arbitrales cuando sean requeridos y difundirán el sistema arbitral entre sus asociados para facilitar la adhesión al sistema.

Por su parte, la Consejería de Economía y Hacienda garantizará la representación de los Colegios, facilitará su labor dotándolos de los medios precisos para su funcionamiento y supervisará el correcto funcionamiento del acuerdo.

En este sentido, la Asociación Empresarial de Gestión Inmobiliaria participará en cinco vistas de arbitraje y la Federación Española de Peleteros y Creadores de Moda lo hará en otras cinco hasta la finalización de los convenios, que durarán hasta el 31 de diciembre y que podrán prorrogarse anualmente. La Consejería de Economía y Hacienda abonará 50 euros por cada una de las vistas en las que estén representadas estas organizaciones.

La Junta Arbitral Regional de Consumo tiene incorporadas 283 empresas y establecimientos del sector de la vivienda, la mayor parte dedicados a la intermediación y la promoción inmobiliaria (67,8%). La Junta recibió en 2014 un total de 20 solicitudes de arbitraje relacionadas con este sector, el 40% sobre intermediación y promoción.

El año pasado se registraron 12 reclamaciones sobre la actividad de intermediarios y promotores inmobiliarios, el 33% como consecuencia de prestación de servicio defectuoso.

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