La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, ha asegurado que la Junta trabaja desde el inicio de la legislatura para "contribuir a un modelo productivo sustentado sobre pilares nuevos y cambiando las políticas para ofrecer una alternativa real", basada en los derechos de los ciudadanos. Este punto de partida justifica, en su opinión, el Decreto Ley para la Función Social de la Vivienda. "Hemos roto la histórica neutralidad de la administración y nos hemos colocado al servicio de las víctimas de la crisis", ha añadido.
Durante una conferencia en el Club Antares, Elena Cortés ha hecho un repaso por las decisiones adoptadas por su departamento desde mayo hasta la actualidad, que "pretenden ofrecer alternativas para salir de esta situación de emergencia social, económica y habitacional". Ha recordado que la primera medida que se adoptó fue la paralización de los desahucios en el parque público de viviendas, compuesto por unos 81.000 inmuebles donde viven 350.000 personas.
"La vivienda, al igual que la sanidad o la educación, tiene vocación de servicio público, aunque a diferencia de los dos anteriores, se orienta a segmentos muy concretos de la población", ha explicado, y ha añadido que el objetivo es "consolidarlo y ampliarlo para que, como servicio público, responda a los intereses de los andaluces". No obstante, ha comentado que la paralización no se hizo en sentido de "barra libre", sino dirigido a familias sobreendeudadas y con cargas familiares.
A esta decisión se suma otra "herramienta más que pusimos en marcha tras exprimir al máximo durante el último año todas nuestras competencias", ha comentado Elena Cortés, refiriéndose al Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda y a las oficinas abiertas en las ocho provincias andaluzas para ofrecer prevención, intermediación y protección a las personas en riesgo de perder sus casas y para aquellas que ya las habían perdido. "Con esta medida, la Consejería rompía la histórica neutralidad de la administración y nos colocábamos al lado de la parte débil", una decisión que, según ha puesto de manifiesto, "ha contribuido a frenar más de 1.500 desahucios".
El siguiente paso de la Consejería ha sido la aprobación del Decreto Ley para asegurar la función social de la vivienda. Elena Cortés ha garantizado que esta normativa "está plenamente justificada en lo social, al combatir injusticias que reclaman respuestas". "El decreto ley es democráticamente legítimo", ha incidido la consejera, pues "en Andalucía hay casi 650.000 viviendas vacías, según el último censo del INE y casi 87.000 desahuciados desde 2007", unas cifras que para Cortés son el argumento para que "una administración anteponga la condición de la vivienda como garante de un derecho a su condición de producto financiero".
Sobre los avances que introduce el decreto ley, la consejera ha comentado que próximamente estará aprobado el Plan de Inspección, que situará el punto de partida para la detección de las viviendas vacías y que comenzará "por aquellos ámbitos donde exista una mayor demanda insatisfecha de alquiler".
En cuando al futuro Plan de Vivienda y Rehabilitación, "que contará con participación de la sociedad civil, las empresas del sector y los sindicatos", Cortés ha avanzado que el acento se localizará en la rehabilitación, el alquiler a precios asequibles, el cooperativismo y la autoconstrucción, entre otras líneas de trabajo.
"La rehabilitación contribuye de forma fundamental a un cambio del modelo productivo, donde tienen cabida los trabajadores, profesionales de la construcción y empresas en Andalucía", ha afirmado la consejera, quien ha destacado que en España la inversión en este ámbito ronda el 28% en todo el sector de la construcción, mientras que la media europea se sitúa en el 41%.
Por eso, ha planteado al Gobierno de España una rebaja fiscal en la rehabilitación, de manera que se apueste "por un modelo distinto a la construcción, sostenible, generador de empleo y que cuente con todos los implicados".
"En definitiva -ha concluido Elena Cortés- toda la política de vivienda está encaminada hacia la defensa de un derecho humano reconocido y hacia el trabajo que nos lleve hacia una sociedad más justa y más solidaria".
