Andalucía. La consejera de Obras Públicas y Vivienda, Rosa Aguilar, se ha reunido con empresarios, sindicatos y municipios para acordar una posición conjunta ante la decisión del Gobierno central de eliminar para 2011 las ayudas destinadas a adquirentes y promotores de VPO. En el encuentro, Aguilar ha transmitido a los asistentes que la Junta de Andalucía realizará «múltiples y profundas aportaciones» a la propuesta del Ministerio de Vivienda, con el fin de reorientar una medida en un área de especial importancia desde un punto de vista social y económico.
La reunión ha servido, igualmente, para que la Consejería de Obras Públicas recoja las sugerencias realizadas por los principales agentes económicos y sociales convocados, a los que Rosa Aguilar ha reiterado la apuesta del Ejecutivo andaluz con el cumplimiento del Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012 y la defensa del derecho de acceso a una vivienda digna a precio asequible.
La titular de Obras Públicas les ha explicado que la Junta de Andalucía aboga por establecer un periodo de transición que ayude a amortiguar las consecuencias que se derivarán de una eliminación inmediata de esta línea de incentivos, y les ha hecho partícipes de su compromiso por buscar fórmulas para continuar favoreciendo la financiación de los adquirentes de vivienda protegida.
En la reunión han estado presentes Francisco Toscano, presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP); Juan Aguilera, en representación de la Federación Andaluza de Empresarios de la Construcción (FADECO); Juan Pérez, de UGT, y Roberto Marín, de CCOO. Además, han asistido el secretario general de Vivienda, Suelo, Arquitectura e Instituto de Cartografía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, y el director gerente de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), Jorge Cara.
Tras esta convocatoria, la Consejería de Obras Públicas y Vivienda continuará con la ronda de reuniones con agentes económicos y sociales para perfilar una hoja de ruta común que sirva de base en la negociación entre la Consejería y el Ministerio que decidirá la aplicación de esta medida en Andalucía.
