El vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática de la Generalitat Valenciana, Rubén Martínez Dalmau, ha anunciado que, desde la Dirección General de Vivienda y Regeneración Urbana, «no solo se ha aprobado recientemente el proyecto de reparcelación del PAI de Ingenieros, sino que se está avanzando junto con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, promotor de la actuación residencial, en el diseño del modelo de gestión de las viviendas de protección resultantes en la zona».
Martínez Dalmau ha recalcado la importancia de la colaboración público-privada en la obtención de viviendas de protección pública que, no solo son necesarias para atender la emergencia habitacional de los colectivos más vulnerables, sino que han de atender a las familias que, en este momento, a raíz de la crisis de la COVID-19, ven agudizada la dificultad de acceso a una vivienda digna y adecuada, especialmente en las zonas más tensionadas como la ciudad de Valencia.
«Si queremos garantizar de una vez por todas el derecho a acceder a una vivienda digna – ha señalado el vicepresidente- solamente hay un camino: duplicar en un plazo de 10 años, el parque público de viviendas y ponerlas inmediatamente a disposición de la gente, para lo que la colaboración público-privada es importante para alcanzar este objetivo».
La directora general de Vivienda y Regeneración Urbana, Elena Azcárraga, ha explicado que, en este ámbito, con antiguo uso militar y enmarcado en el proceso de regeneración urbana del entorno del Parque Central, está prevista una edificabilidad residencial total de 45.085 metros cuadrados, divididos en 21.424 metros cuadrados de viviendas de renta libre y 23.661 metros cuadrados de VPP.
De estos últimas, 2.254,25 metros cuadrados corresponden a la Generalitat y el resto a SEPES. En total, la actuación supone la construcción de, aproximadamente, 420 viviendas, de las que, como mínimo, 220 contarían con algún tipo de protección.
El Ministerio y la Generalitat, a través de la Conselleria de Vivienda, proponen que la adjudicación de las parcelas de estas viviendas calificadas de protección pública se realice mediante un concurso público para la constitución de un derecho de superficie sobre las mismas, que permita su promoción, construcción y gestión en régimen de alquiler asequible por parte de una empresa privada.
Con este modelo de colaboración público-privada, las administraciones públicas ceden las parcelas a las empresas adjudicatarias del concurso para la gestión de los alquileres durante 50 o 75 años. A cambio, el gestor privado ha de adjudicar las viviendas con los criterios que marque la administración y que garantizan su función social. Una vez transcurrido el período de la cesión, las viviendas pasarán a ser propiedad de la administración pública.
Desde la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática asegura que, gracias a este modelo, las viviendas del PAI de Ingenieros «servirán para facilitar el acceso a la vivienda tanto a colectivos de especial vulnerabilidad como a aquellas personas que están teniendo cada vez mayores dificultades para acceder a una vivienda en alquiler» en la ciudad de Valencia.
