martes, 28 octubre 2025
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Criterios para distribuir los 45 millones de m2 de suelo industrial actual en Galicia

Santiago de Compostela. La demanda real y registrada y la ordenación territorial son dos de los criterios en los que se basa la Xunta de Galicia para distribuir los 45 millones de metros cuadrados de suelo empresarial que se contabilizan en la actualidad en Galicia.

Desde hoy la Administración gallega somete a información pública durante un período de dos meses el Plan Sectorial de Ordenación de Áreas Empresariales de Galicia, y avanza así un nuevo paso para su aprobación definitiva después del verano de 2012.

Este Plan Sectorial tiene como objetivo principal a planificación de las actuaciones de suelo empresarial que se podrán ejecutar en Galicia hasta 2024, siempre habida cuenta la demanda real de suelo que se produzca en cada comarca gallega y que será comprobada a través del Registro de Demandantes de Suelo Empresarial, de próxima creación. La demanda real de suelo servirá para priorizar las actuaciones prevista en el Plan y el momento de acometerlas.

De esta manera, el Plan Sectorial servirá para cuantificar y localizar la superficie necesaria de suelo empresarial y definir los ámbitos del territorio susceptibles de acoger actuaciones de carácter empresarial para cubrir las necesidades de suelo empresarial a largo plazo. En definitiva, se trata de un documento de ordenación territorial y no exclusivamente de un estudio económico.

Las novedades que se plantean en este proyecto es la el análisis de la capacidad de acogida del territorio, un valor que marcará el crecimiento industrial, ya que este pasa por el análisis de los factores ambientales, físicos y socioeconómicos, la integración con las Directrices de Ordenación del Territorio y la adecuación al modelo de demanda.

De acuerdo con el modelo territorial establecido por las Directrices de Ordenación del Territorio, el plan trata de compatibilizar el desarrollo de suelo empresarial en Galicia con la defensa del medio ambiente, el paisaje y el patrimonio cultural, mediante la evaluación de la viabilidad de cada una de las actuaciones previstas y el análisis de la capacidad de acogida de todo el territorio gallego.

 

 

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