Más de 300 instalaciones industriales con Autorización Ambiental Integrada van a ser observadas con lupa por la Junta de Andalucía durante el presente año, de acuerdo con lo establecido en el Programa de Inspección Ambiental, que permitirá comprobar si cumplen los requisitos medioambientales. Y, si se observan anomalías, tratar de corregirlas.
Este plan, publicado el pasado 3 de marzo en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), implanta un sistema de inspección de acuerdo con la normativa vigente basado en un conjunto de medios personales y materiales que permitirá realizarlo con eficacia.
Las instalaciones se han seleccionado en función de los resultados obtenidos tras la aplicación de la metodología de evaluación de riesgos ambientales, que también se incorpora en este programa para 2016 y que ha determinado la periodicidad de las inspecciones.
De las 571 instalaciones afectadas por la Ley de Prevención y Control Integrado de la Contaminación (IPPC), este año se inspeccionarán 310, de las cuales 84 se localizan en la provincia de Sevilla, 45 en Jaén, 35 en Málaga, 34 en Granada, 34 en Huelva, 29 en Almería, 26 en Cádiz y 23 en Córdoba.
Más de la mitad, 162, pertenecen al sector de industrias agroalimentarias y explotaciones ganaderas, 45 son instalaciones minerales, 38 de gestión de residuos, 26 infraestructuras de combustión, 18 de producción y transformación de metales, 18 de industrias químicas, 2 de consumo de disolventes orgánicos y 1 de derivados de la madera.
Los técnicos de la Consejería cuentan con unidades móviles y laboratorios de inspección, ensayo y calibración en las áreas de emisiones a la atmósfera, contaminación acústica, residuos, suelos y aguas, todos ellos acreditados por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC).
Además de estas instalaciones con AAI, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio va a continuar realizando inspecciones medioambientales, a través de Planes Sectoriales, a otras actividades que disponen de autorizaciones ambientales distintas de la AAI y a entidades colaboradoras, en su caso, con el fin de proteger el medio ambiente y la salud de las personas.