El aumento de la presión sobre el litoral, en número de habitantes, tráfico marítimo, solicitudes de puertos industriales y deportivos o construcciones hace indispensable un ordenamiento y una fiscalización para que el total del litoral no se colapse en un futuro próximo. Así comienza el capítulo de conclusiones del informe ‘Destrucción a toda costa 2013. Análisis del litoral a escala municipal’, elaborado por Greenpeace.
El proceso masivo de ocupación de la costa, iniciado en la década de los 60, se ha intensificado en los últimos 20 años. De hecho en solo 18 años (entre 1987 y 2005) aumentó un 23% la ocupación de la superficie costera, de tal forma que en 2005 se alcanzó el 26% de artificialización de toda la franja de 500 metros en España. La ocupación de la superficie costera en el Mediterráneo alcanzó el 43%, como si se tratase de un gran cinturón litoral prácticamente continuo a lo largo de su costa.
En el litoral cantábrico, cuya urbanización comenzó posteriormente, se está observando este mismo proceso, que se denomina “mediterranización”.
La franja de litoral de los primeros 500 metros (en la que se basa este informe y que supone solo el 0,55% del territorio) es un recurso muy limitado y codiciado, y ha sufrido una gran transformación en los últimos años. Una barrera de 500 metros actúa como protección ya que se encuentra sometido a importantes riesgos como inundaciones, afección por tormentas y temporales.
Además, la ocupación no solo ha afectado a los primeros 500 metros sino que se ha extendido a los dos primeros kilómetros e incluso a la franja de los 20 kilómetros en algunas zonas del Mediterráneo. Si bien este proceso se paralizó radicalmente en el año 2007-2008, existen graves riesgos de que se pueda reproducir, debido a la gran cantidad de suelo recalificado con planes generales de ordenación urbanística y que están listos para construir en los ayuntamientos. Ayuntamientos que podrán reducir la franja de protección de 100 a 20 metros con la nueva Ley de Costas.
A través del informe se ha observado cómo existe una gran variabilidad entre los municipios, incluso los que se encuentran muy cercanos entre sí. Esta diferencia indica que la gestión de la superficie municipal es muy significativa respecto a la evolución de
cada localidad. Es por eso que los ayuntamientos tienen mucho que decir y hacer respecto al futuro de la costa española.
La Ley de Costas, aprobada en 1988, funcionó de una forma muy limitada. Las actuaciones de la administración central, autonómica y local para lograr la protección de la costa no acompañaron al espíritu de la Ley. Hasta tal punto, que ni siquiera se había
conseguido realizar la delimitación del dominio público marítimo-terrestre 25 años después y con una nueva ley de Costas sobre la mesa.
Las recientes actuaciones de las administraciones autonómicas y municipales para evitar la densificación en el litoral no han tenido efectos significativos a la hora de detener este proceso de litoralización. No debe olvidarse además que, en determinados casos, la batuta que ha dirigido el desarrollo urbanístico, en la costa española ha sido la corrupción asociada a ayuntamientos y administraciones públicas.
La nueva Ley de Costas, lejos de cimentar la protección del litoral, lo deja en manos de nuevas formas de explotación. Lo que la anterior ley contemplaba como un recurso natural finito este nuevo texto lo ha transformado en superficie de desarrollo económico.
Sin embargo, todavía existe una oportunidad para algunas zonas del Estado si, municipio a municipio, se empiezan a tomar medidas y se reconocen las ventajas de dejar zonas del litoral sin edificar y de disponer de un recurso sostenible. Los municipios menos construidos son los que en el futuro tendrán previsiblemente unas mejores condiciones económicas y sociales.
