La depuración de aguas es otro de esos flecos pendientes sobre el que las autoridades comunitarias recuerdan a España que, a pesar de los innegables avances registrados, sigue sin hacer los deberes completamente.
La normativa comunitaria específica para la depuración exigía que en 2005 todas las aglomeraciones urbanas mayores de 2.000 habitantes tuvieran sistemas de tratamiento adecuados, pero en la actualidad todavía hay unas 600 poblaciones que no disponen de ellos. Ciudades como Santiago de Compostela o Vigo, o carecen de depuradoras o sus infraestructuras resultan insuficientes.
Las consecuencias de este incumplimiento derivan en tres procedimientos de infracción. Uno, sobre 38 ciudades con más de 15.000 habitantes, cuenta con sentencia del Tribunal de Justicia Europeo desde hace cuatro años. Los otros dos procedimientos siguen en fase administrativa, sin haber llegado aún a la fase judicial
El ya fallado acarreó condenar a España a abonar una multa anual hasta que se alcanzasen los objetivos, con un fijo anual de 7,4 millones de euros, y otra variable, que oscila de los 3 a los 186 millones, en función de la gravedad y la duración del incumplimiento, así como de la capacidad de pago. De acuerdo con las multas que han recibido Bélgica y Luxemburgo, también por no cumplir con las exigencias comunitarias, la sanción que soportará España rondará los 50 millones de euros anuales.
Entre las causas de estos incumplimientos se halla la gran cantidad de nuevas zonas ambientalmente sensibles que existen en España, con requisitos de calidad más exigentes al incluirse hasta el 27% del territorio nacional en la Red Natura 2000, lo que supuso un incremento de las necesidades de depuración de unas 200 poblaciones, con un coste asociado superior a los 2.200 millones de euros.
No obstante, han sido innegables los avances registrados en esta materia, al haberse logrado que en veinte años se halla doblado el número de municipios con aguas depuradas, del 40% que se registraba en 1995 al 80% actual, pero queda camino por hacer, pero se está en ello. En los dos años que llevamos de legislatura, el número de aglomeraciones urbanas mayores de 15.000 habitantes sin infraestructuras adecuadas se ha reducido de 36 a 22.
El vigente Plan Nacional de Calidad de las Aguas 2007-2015, que calculaba una inversión de casi 20.000 millones de euros para cumplir con las directivas comunitarias, necesita reformularse, con el objetivo de retomar las medidas que la crisis ha dejado paralizadas y reducir la inversión a prácticamente la mitad.
