El acuerdo alcanzado el pasado mes de octubre entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y las cinco Comunidades Autónomas de las cuencas del Tajo y del Segura (Extremadura, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Región de Murcia) permitirá culminar la planificación hidrológica de España con el máximo consenso y aportará estabilidad al acueducto Tajo-Segura.
El acuerdo fue presentado por el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, junto con los consejeros de las cinco comunidades autónomas, en una rueda de prensa en la sede del Ministerio. El ministro explicó que el objetivo es “regular nuestras relaciones en materia de agua desde el rigor, la transparencia y la información recíproca entre las comunidades autónomas”.
Con este acuerdo entre los Gobiernos de las cinco Comunidades Autónomas se impulsa la planificación hidrológica nacional y la regulación de las relaciones en materia de agua entre las diferentes regiones desde el diálogo y el consenso.
Este acuerdo certifica una política seria y responsable del Gobierno en materia de agua y establece medidas que garantizan la sostenibilidad del sistema, apuesta por la complementariedad de las fuentes de abastecimiento en lugar de la exclusión, y aporta estabilidad y seguridad jurídica al trasvase Tajo-Segura, con rango de Ley.
Así, la Ley de Evaluación Ambiental, ya aprobada, recoge los contenidos esenciales de este acuerdo entre las diferentes regiones, en lo que se refiere a las garantías de las cuencas cedentes, a la eliminación de las discrecionalidades y arbitrariedades en las actuaciones en las cuencas receptoras.
Con este acuerdo, se evitan las presiones coyunturales en las tomas de decisiones, se introducen normas para dotar de transparencia a los trasvases intercuencas, se garantizan las necesidades de las cuencas cedentes, y se facilita la utilización de las infraestructuras, la cesión de derechos y la preferencia de la cuenca cedente con carácter general.
El acuerdo establece una reserva de 400 hectómetros cúbicos en los embalses de cabecera, por debajo de la cual no se autorizan trasvases. Estos 400 hectómetros cúbicos se alcanzarán en los próximos años, a razón de 32 hectómetros cúbicos por año desde la situación actual (240 Hm3).
Al mismo tiempo, se acometerán un gran número de obras que van a mejorar el funcionamiento de la capacidad de almacenamiento, de laminación y de regulación.
En definitiva, este acuerdo objetiva una decisión que hasta ahora no tenía carácter normativo y que ha sido fuente permanente de conflictos entre territorios en los últimos años. Por tanto, se pone fin –gracias al respaldo y a la disposición al acuerdo de las Comunidades Autónomas– a una incertidumbre en la gestión del agua que no beneficiaba a nadie.
