Madrid. El alquiler gana adeptos entre los españoles. El arraigo de la propiedad en nuestra cultura, como símbolo de éxito, ha relegado el arrendamiento a un tradicional segundo plano, siendo un sistema de acceso relacionado con la temporalidad. “A lo largo de las últimas décadas han surgido nuevos estilos de vida ante los que el hábitat ha tenido que responder con soluciones”, revela Miguel Ángel Alemany, director de pisos.com.
Asimismo, el responsable del portal también hace hincapié en la ‘europeización’ progresiva que se va produciendo en los principales sistemas de acceso a la vivienda: “se espera que 2010 cierre con un porcentaje de inquilinos del 20% frente al 13% actual, lo que representa un paso de gigante, aunque todavía estamos lejos de las referencias que se manejan en Inglaterra o Francia, por ejemplo”.
La paulatina relevancia de este método de emancipación queda patente en los resultados de una encuesta online realizada por el portal inmobiliario pisos.com a través de encuestafacil.com, tras recoger más de 1.100 cuestionarios. Cerca del 36% de los encuestados considera que vivir de alquiler es una forma de acceder a una vivienda tan válida como la compra, frente a casi un 24% que considera que ser inquilino es tirar el dinero. De hecho, una importante proporción de los sondeados, algo más del 28%, lo ve como un paso intermedio hacia la compra.
Los resultados de la encuesta han sido los siguientes:
La mayoría ha respondido a las preguntas desde la experiencia, puesto que alrededor del 75% ha vivido de alquiler, ya sea en un piso compartido (12%), solo (15%) o en con la familia o pareja (48%). Un porcentaje muy pequeño, de tan solo el 17%, no ha tenido que recurrir nunca al arrendamiento.
La apreciación mayoritaria de los encuestados es que el precio de las rentas está igual que hace un año; así lo piensa al menos el 47%, mientras que un 34% opina que las mensualidades sí que se han reducido desde el año pasado. En cuanto a la calidad de los inmuebles, cerca del 67% considera que los pisos en alquiler están en un estado de conservación aceptable, aunque reconocen que no les vendría mal un lavado de cara. Por el contrario, un 24% declara que los inmuebles son absolutamente inhabitables.
La división de opiniones es más marcada a la hora de defender o atacar la existencia de garantías de protección para el propietario. El 31% cree que un mes de fianza y la nómina son suficientes para cerrar un contrato, mientras que un 27% pediría aval o depósito y un 25% los valoraría en función del caso.
La normativa que regula las relaciones entre propietarios e inquilinos siempre ha sido motivo de controversia. A nivel general, las leyes que regulan el arrendamiento son percibidas por casi el 56% de los encuestados como más positivas para aquellos que pagan la renta del piso que para los dueños del inmueble. Cerca del 30% opina justo lo contrario y alrededor del 15% admite que las leyes son justas para ambas partes.
Particularmente, el Gobierno lleva tiempo impulsando el alquiler con varias medidas, como la Renta Básica de Emancipación o desgravaciones fiscales. Sin embargo, cerca del 56% piensa que son pocas frente a casi un 22% que califica las herramientas del Ejecutivo de apropiadas. Llama la atención que un porcentaje cercano al 19% no sepa en qué consisten estas ayudas.
Por otro lado, la nueva ley de Fomento y Agilización Procesal de Alquiler, más conocida como la ley de ‘desahucio exprés’, que intenta reducir el tiempo en que el propietario recupera una vivienda alquilada a un cliente que no paga, ha tenido una buena acogida por los encuestados, que supeditan su éxito a los recursos con los que se dote a los juzgados (42%), que actualmente están saturados. Asimismo, un 21% afirma que esta nueva ley permitirá al propietario recuperar antes su vivienda, mientras que un 13% asegura que quedará en papel mojado.
Las alternativas a los juzgados para recuperar la propiedad antes de lo previsto tampoco llegan a convencer. Según el 44% de los encuestados, el método del arbitraje es visto como una fórmula que puede ayudar, pero no se considera una vía realmente definitiva para lograr de nuevo la plena ocupación de la vivienda. Asimismo, vuelve a llamar la atención el hecho de que un 35% de la muestra no sepa en qué consiste este procedimiento.
