Los grandes tenedores se enfrentan al problema de las solicitudes de alquiler social por parte de familias vulnerables, lo que podría llevarlos a reducir drásticamente los precios y plantearse retirar sus inmuebles del mercado del alquiler.
A los nuevos pequeños propietarios la obligación de ajustarse al índice de precios podría desalentarlos, motivándoles a alquilar habitaciones o destinar las propiedades al alquiler temporal, reduciendo la oferta de viviendas para familias con rentas más bajas en el proceso.
“La ley hace aguas por todas partes, ya que no está protegiendo ni al inquilino más vulnerable ni al pequeño propietario, y mucho menos a los grandes tenedores”, explica Sergio Gutiérrez, cofundador y socio director del club de agentes inmobiliario Excellence Real Estate Circle.
La retirada de viviendas en alquiler que se inició tras la aprobación de la Ley de Vivienda se intensificará con la entrada en vigor del índice de precios de referencia para regular los alquileres en zonas tensionadas que, de momento, sólo se aplicará en Cataluña y afectará a 140 municipios. Sergio Gutiérrez, cofundador y socio director del club de agentes inmobiliarios, Excellence Real Estate Circle, vaticina que, “a partir de ahora, veremos cómo los inmuebles en alquiler, tanto de grandes como de pequeños propietarios, desaparecerán paulatinamente”.
A juicio del experto, “la Ley de Vivienda hace aguas por todas partes y hay que mejorarla, ya que actualmente no está protegiendo ni al inquilino más vulnerable ni al pequeño propietario, y mucho menos a los grandes tenedores. Con esto, se evidencia que tiene muchas deficiencias”.
Esta tendencia se debe, en gran medida, a las disposiciones que afectan tanto a grandes propietarios como a pequeños inversores. En el caso de los grandes tenedores, definidos como aquellos propietarios con diez o más viviendas en alquiler en todo el país (o cinco en zonas tensionadas), se enfrentan al desafío de ajustar los precios a las solicitudes de alquiler social por parte de familias vulnerables. “Esta situación podría llevar a una disminución en sus ingresos, y empujarlos a retirar sus inmuebles del mercado y dejarlos desocupados, al considerar que no les resulta rentable”, explica Gutiérrez.
Por otro lado, los pequeños inversores, aquellos propietarios que han estado alquilando sus viviendas en los últimos cinco años, podrán mantener los precios de alquiler, “siempre y cuando no excedan el índice establecido”, puntualiza Gutiérrez. Sin embargo, los nuevos pequeños propietarios estarán obligados a ajustarse al índice de precios, y podrían optar por alquilar habitaciones o destinar las propiedades al alquiler temporal reduciendo la oferta de viviendas para familias con rentas más bajas.
“Esta situación podría provocar una disminución en la disponibilidad de viviendas en alquiler para familias, ya que algunos propietarios podrían optar por destinar sus propiedades al alquiler de habitaciones individuales o al alquiler temporal para estudiantes y trabajadores. Como resultado, las familias de rentas más bajas podrían enfrentar dificultades adicionales para acceder a viviendas adecuadas en el mercado de alquiler”, aclara el experto.
La nueva Ley de Vivienda también suscita preocupaciones sobre la equidad en el acceso a la vivienda, ya que algunas disposiciones podrían favorecer a inquilinos con mayor poder adquisitivo en detrimento de aquellos con ingresos más modestos. En este sentido, concluye Gutiérrez, “es fundamental abordar estas preocupaciones y trabajar con todas las partes involucradas para encontrar soluciones equitativas que protejan tanto a los inquilinos vulnerables como a los pequeños y grandes propietarios”
