La Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) reclama al Banco de España que garantice la correcta aplicación de la nueva Ley Hipotecaria. Así se ha pronunciado FAI en el último Comité Ejecutivo, convocado para analizar la entrada en vigor de la normativa y sus consecuencias.
La organización, que agrupa a un total de 28 agencias inmobiliarias y cerca de 4.000 agentes, considera fundamental que el Banco de España, como órgano supervisor de las entidades financieras, asuma de forma proactiva el control de todo el articulado de la ley. El objetivo, señalan, no es otro que prevenir que los costes de notaría, gestoría o registro, que ahora deben asumir las entidades financieras y que antes pagaban directamente los clientes, terminen provocando un efecto contrario al deseado: un incremento de los costes hipotecarios.
FAI recalca que el compromiso con las buenas prácticas debe ser necesario para todos los operadores del mercado inmobiliario. Pero desde la federación remarcan que, paralelamente, hay que activar los mecanismos y órganos de control para evitar que el nuevo marco regulador expulse del sector financiero a una parte importante de la población y suponga un incremento de los costes de la financiación de los productos inmobiliarios.
En este contexto, para FAI, al incrementarse las exigencias y criterios de evaluación de la solvencia de los clientes y de concesión de los préstamos deberían establecerse, al mismo tiempo, mecanismos de mediación que permitieran evaluar las condiciones personales de aquellos que acuden al mercado hipotecario para adquirir su vivienda
EVITAR LOS FACTORES QUE PROVOCARON EL ESTALLIDO DE LA CRISIS EN 2008
No obstante, FAI destaca la importancia que tiene la entrada en vigor de la nueva Ley Hipotecaria, probablemente, señalan desde el colectivo, la noticia más importante para el sector inmobiliario durante los últimos 10 años.
Por ello, subrayan, debe servir de instrumento para proteger los derechos del consumidor y evitar muchos de los factores que provocaron el estallido de la burbuja inmobiliaria a principio de la crisis en 2008.
Asimismo, desde la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias remarcan que la eliminación de las cláusulas abusivas en los contratos hipotecarios: las cláusulas suelo, la limitación de las comisiones a las entidades financieras por amortizaciones anticipadas, la contratación de productos complementarios -como los seguros- y la obligatoriedad de que sean los bancos los que asuman los gastos de notaría, registro, gestoría y del polémico impuesto de los actos jurídicos documentados para el cliente, tienen un valor incuestionable para la protección de los derechos del consumidor.
En este sentido, insisten en que se trata de avances legislativos predeterminados por las directrices de la Unión Europea y que hacían necesaria su transposición al marco normativo español.
A pesar de la valoración positiva, por parte de FAI, de todos estos avances, insisten en que la importancia estructural y las garantías que pretende establecer la nueva normativa en el sistema financiero, y que afectan al mercado inmobiliario, hace necesario, junto con la aprobación de la ley, poner en marcha todas las herramientas de supervisión para que las entidades financieras garanticen su cumplimiento.
