4 Fomento del empleo. Reforma Laboral
– Luchar contra la dualidad en el mercado de trabajo, promoviendo con los agentes sociales una reforma laboral en línea con lo acordado en 1997, mediante la cual se potencie la contratación indefinida simplificando el actual abanico de contratos, bonificando las cotizaciones de los nuevos contratos. Para ello se propondrá un nuevo contrato indefinido mediante la ampliación de los colectivos que pueden beneficiarse del contrato indefinido de fomento del empleo.
– Permitir la colaboración público-privada en los servicios de empleo en tareas como la colocación, la búsqueda de empleo, la formación y la recolocación de los trabajadores desempleados.
– Mejorar la negociación colectiva, buscando referenciar salarios a productividad, ampliando sus espacios y permitiendo de manera efectiva la adaptabilidad de los convenios a los cambios del entorno productivo y de la empresa.
– Mejorar el sistema de formación profesional estableciendo garantías sobre su calidad, con la creación de un sistema nacional de certificaciones que permita su evaluación y adecuación a las exigencias reales del mercado de trabajo.
– Luchar contra el absentismo laboral, posibilitando que las Mutuas tengan la facultad de dar altas a efectos económicos contando con la correspondiente participación sindical.
5 Reformas estructurales. Competencia y Unidad de Mercado
– Garantizar la independencia y transparencia de los organismos reguladores evitando cualquier intento de injerencia política en su actuación. Para ello tendrán presupuesto propio y además se establecerá que los Presidentes, Consejeros, o Vocales de dichos organismos serán nombrados por el Congreso de los Diputados por una mayoría cualificada, tras celebrarse una audiencia previa, con mandatos más largos no renovables.
– Aprobar una Ley de Unidad de Mercado, en desarrollo de lo previsto en el artículo 139.2 de la Constitución, para garantizar la libertad económica en toda España, fomentar la competencia, promover la vigilancia de los precios y la igualdad en el acceso a los bienes y servicios.
– Crear la Oficina de Información y Seguimiento de los Precios en el Ministerio de Economía. Esta oficina elaborará un informe mensual que permita proponer las medidas más urgentes para luchar contra el alza de precios. Dicho informe se hará público de forma que los usuarios conozcan los sectores y empresas más inflacionistas de la economía española.
6 Paliar los efectos de la crisis en la economía real. Morosidad y Financiación de las familias y empresas
– Aprobación de una ley de morosidad que establezca un límite de 60 días para pagar una factura y un límite de 5 días para emitirla. Sólo podrán superarse esos límites si el deudor garantiza la deuda con un aval bancario que permita su descuento.
– Solicitud de la Comisión Nacional de Competencia un informe y un plan de acción para evitar los abusos en las relaciones verticales (entre proveedores y clientes).
– Conversión del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local en una línea de crédito ICO para financiar el pago a las PYMES y autónomos acreedores de las Corporaciones Locales de los atrasos de estas administraciones.
– Modificar la Ley de Contratos del Estado, la Ley General Presupuestaria y la LOFCA de forma que sea imposible la contratación sin habilitación presupuestaria, en ningún caso, evitando así la creación del efecto “factura en el cajón”. El modelo de Financiación Autonómica y Local condicionará las transferencias de recursos a la reducción de la morosidad y reconocimiento de deudas pendientes de las administraciones públicas.
7 Política energética. Política Energética
– El Gobierno debe, en primer lugar, realizar un análisis del resultado y los objetivos de su actual política energética con el fin de poder definir, desde el consenso, el escenario de partida (“punto cero”) sobre el que afianzar la nueva planificación estratégica de la política energética española. Por lo tanto, el Gobierno tendría que compartir los posibles escenarios realistas que proyecten las necesidades de oferta en función de la demanda futura, la evolución de las restricciones de garantía de suministro y medioambientales, y especialmente el impacto que las distintas decisiones y opciones tendrían sobre los precios de la energía y la competitividad de los sectores empresariales.
– A la luz de los resultados del análisis anterior será necesario reconsiderar los aspectos contradictorios e ineficientes de la actual política energética, que nos alejan de resolver los retos específicos de nuestro mercado energético así como del objetivo 20-20-20 de la Unión Europea. Y en concreto:
– La reconsideración por parte del Gobierno de la decisión del Consejo de Ministros de cerrar la central nuclear de Santa Mª de Garoña.
– Garantizar que el mix y el resto de decisiones que se pudieran acordar en materia de política energética no lleven a incremento alguno de precios y tarifas energéticas.
– A su vez, es necesario velar por aumentar la competencia en aquellas etapas del proceso de generación y comercialización energética donde se aprecien restricciones o situaciones de excesivo dominio de mercado en línea con las recomendaciones de la Comisión Nacional de Competencia, potenciando la libertad de contratación impulsando el funcionamiento de los contratos bilaterales y a plazo, garantizando la unidad de mercado y reforzando el papel de los órganos de control, regulación y consulta, la CNE y el CSN.
– Se debe insistir en el mantenimiento y profundización de las políticas de ahorro y eficiencia energética, incluyendo, entre otras medidas, a las empresas de servicios energéticos. Los principales ámbitos de actuación incluirán el transporte, incluido el análisis del potencial del vehículo eléctrico, el residencial y el empresarial.
– Instar a las autoridades comunitarias y a las de los países limítrofes, a incrementar de forma sustancial las interconexiones internacionales de electricidad y gas en línea con los compromisos asumidos reiteradamente por el Consejo Europeo.
8 Mejorar la competitividad. Comercio Exterior, investigación y desarrollo, TICs e Infraestructuras
– Elaborar un Plan anual de Competitividad que fijará los objetivos y actuaciones en esta materia, e informes trimestrales de competitividad que serán debatidos en el seno de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. En dicho Plan se garantizará un mínimo de recursos para las políticas de internacionalización.
– Establecer una evaluación sistemática (coste-beneficio) del impacto de los instrumentos de apoyo a la internacionalización para renovarlos de forma permanente y mejorar su eficacia.
– Recuperación de las deducciones para la internacionalización de la empresa española.
– Definición y cálculo de las tasas de retorno para las empresas españolas de las operaciones crediticias del Estado con el exterior.
– Desarrollar un Plan Nacional de I+D+i, coordinado con el Programa Marco, que se centrará en los siguientes elementos:
– Potenciar el papel estratégico del sector TIC.
– Mayor participación de la empresas en la definición de las políticas de I+D+i.
– Orientar las ayudas hacia las necesidades del tejido empresarial.
– Proporcionar un marco fiscal atractivo a las actividades de I+D+i, garantizando plena seguridad jurídica para los programas de inversión de las empresas, mediante el desarrollo de un entorno legal adecuado para la incorporación del mecenazgo en I+D+i.
– Desarrollar un Programa de captación de talento emprendedor extranjero para arraigar en España nuevas empresas innovadoras de vanguardia mundial.
– Impulsar la rápida instalación de redes de fibra óptica como una vía para mejorar la eficiencia de la economía. El modelo regulatorio sectorial se orientará con el objetivo de asegurar una elevada y rápida inversión a precios asequibles para el usuario.
– Poner en marcha una política integral de modernización de las infraestructuras con un mayor esfuerzo de inversión, priorizándolas únicamente por su rentabilidad económica y social.