I.- INTRODUCCIÓN
1. 2010 será el año en el que todos los países desarrollados deberán afrontar el reto de la recuperación económica. También será así para España.
Todos intentarán dejar atrás la peor crisis financiera y económica de los últimos ochenta años: una crisis mundial de profundidad y extensión geográfica desconocidas. También lo haremos en España, donde la evolución de la crisis ha venido marcada por las propias características de nuestro patrón de crecimiento.
En todo el mundo hay ya señales claras de freno en el deterioro económico y de inicio de la recuperación. A ello han contribuido decisivamente, sin duda, las medidas extraordinarias de apoyo a la estabilidad del sistema financiero, de expansión de la demanda y de mantenimiento del crédito, llevadas a cabo en Europa durante 2008 y 2009, de manera coordinada entre todos los países y en sintonía con las pautas del G-20. De acuerdo con esas pautas, también las hemos adoptado en España.
Sin embargo, la crisis ha tenido en España una manifestación y una consecuencia particularmente grave: la destrucción del empleo, que se ha producido con una intensidad sin equivalente en el resto de Europa. Lo evidencia con crudeza la pérdida de un millón ochocientos mil puestos de trabajo en los dos últimos años y la elevación de la tasa de paro por encima del 18% de la población activa.
En la medida en que responde a la caída del crecimiento pero también y muy singularmente al ajuste brusco de un sector de construcción residencial artificialmente sobredimensionado a lo largo del último decenio, los analistas, y también el Gobierno, prevén que la creación neta de empleo no se producirá con claridad hasta finales de 2010 aunque la recuperación económica se inicie sin duda antes de esas fechas.
A los efectos derivados de este incremento del paro se une la destrucción de tejido productivo, especialmente de PYMES (más de 140.000 en dos años), que se ha visto agravada por las restricciones en los mercados de crédito.
La crisis ha tenido, pues, un grave impacto en el sector privado. Pero el sector público también se ha resentido.
Las políticas de impulso de la economía y de respuesta a la crisis llevadas a cabo por el Estado -Plan E, cobertura al desempleo, señaladamente-, si han supuesto un instrumento útil para paliar los efectos más duros de la crisis han implicado un importante incremento del déficit público que, de una situación de equilibrio en 2007, ha pasado a representar el 11,4% del PIB en 2009 para el conjunto de las Administraciones Públicas.
Ello ha significado pasar de un nivel de deuda del 36%, nuestro mínimo histórico, al 55% actual. Aunque muy por debajo de la media europea y de sus principales economías, el rápido crecimiento experimentado por la deuda pública exige un esfuerzo de austeridad creíble, que reduzca en el medio plazo el déficit de forma consistente con los compromisos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
La crisis también está sirviendo para corregir desequilibrios acumulados en la anterior fase de expansión como el elevado déficit por cuenta corriente, consecuencia del incremento en el endeudamiento del sector privado, y una evolución de los precios superior al promedio europeo, que ha estado restando competitividad frente a otras economías.
2. El Gobierno, en ejercicio de sus competencias para definir y ejecutar la política económica, ha venido adoptando las medidas que ha estimado adecuadas para hacer frente a los problemas derivados de la crisis. Lo ha hecho, por lo demás, adaptando el sentido de sus decisiones al perfil sucesivo de las variantes características y consecuencias de la crisis económica internacional y de su impacto singular en la economía española.
Si, en términos globales, 2008 se inició con fuertes tensiones inflacionistas y financieras que afectaron a la renta disponible de hogares y empresas, concluyó con un riesgo evidente de colapso del sistema financiero global que se tradujo en crecientes restricciones internacionales al crédito que provocaron un impacto directo sobre la actividad y el empleo, hasta el punto de que, en el tercer trimestre del mismo 2008, la zona euro y las principales economías desarrolladas entraron en recesión y, de hecho, el cuarto trimestre de 2008 fue el de mayor caída para muchas economías.
Estas circunstancias tuvieron, en todos los casos, su inmediato reflejo en España, con un impacto severo sobre el empleo, agravado por la caída de actividad en el sector inmobiliario, que se mantiene hasta ahora.
Ante estos hechos, el Gobierno, durante los dos años transcurridos de la Legislatura, adoptó una sucesión ordenada de disposiciones que han tratado de dar respuesta a las distintas manifestaciones de la crisis, reactivar la economía, favorecer la creación de empleo y mantener la cohesión social.
Entre todas ellas, se podrían destacar
•las dirigidas a incrementar la fortaleza del sistema financiero: aumento de la cobertura ofrecida por el Fondo de Garantía de Depósitos hasta los 100.000 € por titular y entidad; creación del Fondo de Adquisición de Activos Financieros; y el Plan de avales del Estado para respaldar las emisiones de deuda bancaria; autorización al MEH para reforzar los recursos propios de las entidades financieras; y creación del FROB.
•las dirigidas a reactivar la economía y el empleo: el Plan E, cuyos elementos más relevantes han sido el Fondo de Inversión Local (8.000 M€); el Fondo Estatal de Dinamización de la Economía y el Empleo (3.000 M€); la prioridad de los PGE-2009 para el gasto productivo y la reducción de gasto corriente por importe de 2.500 M€; la ampliación y mejora de las líneas de financiación del ICO (para movilizar la cifra récord de 47.000 M€); el apoyo a sectores productivos (Automóvil, Vivienda y Turismo);
•las dirigidas a promover el mantenimiento del empleo y asegurar la cohesión social: bonificaciones a la contratación a tiempo parcial; posibilidad de convertir las prestaciones por desempleo en bonificación a las cotizaciones sociales; fomento de los ERES de suspensión frente a los de extinción, para favorecer el mantenimiento del empleo; dotación de un total de hasta 35.000 millones de euros para protección por desempleo; programa de prestación complementaria (PRODI) para los desempleados que hayan agotado sus prestaciones.
Esta ha sido, a grandes rasgos, la respuesta directa que el Gobierno ha dado a la crisis económica en España. En relación con las distintas decisiones adoptadas, el Gobierno ha contado en algunas ocasiones sólo con el apoyo de algunos partidos; en otras, con el de todos ellos.
3. A partir del segundo trimestre de 2009, las principales economías desarrolladas experimentan una menor caída intertrimestral en su crecimiento.
Es, en todas ellas, el momento de extraer enseñanzas de lo sucedido y de trabajar para acercar la recuperación, acelerando la transformación del modelo productivo.
En España, este nuevo escenario en la lucha por superar la crisis y ganar la recuperación, también ha tenido eco. El Gobierno, en efecto, hizo público, el pasado 2 de diciembre, un plan dirigido, al mismo tiempo, a impulsar y afianzar la recuperación de la economía española y a sentar las bases para un nuevo modelo productivo: la Estrategia de la Economía Sostenible, cuyo principal y más inmediato instrumento, la Ley de Economía Sostenible, será remitida al Congreso de los Diputados en las próximas semanas.
La Estrategia quiere ser la hoja de ruta para la adopción de un amplio abanico de reformas que promuevan, corrigiendo los desequilibrios de nuestro modelo productivo, un nuevo crecimiento, más sostenible y más capaz de crear empleo estable y de calidad.
Es una hoja de ruta, pues, que necesariamente se proyecta en un período prolongado de tiempo y que, en consecuencia, quiere servir para guiar la acción de Gobiernos sucesivos empeñados en lograr ese cambio, respetando, como no puede ser de otro modo, la capacidad de incorporar los ritmos y los matices que cada uno de ellos desee de acuerdo con sus propias opciones.
4. Ahora, España se encuentra en un momento crucial en el que puede adelantar la incipiente recuperación y la creación de empleo si se toman las adecuadas acciones de política económica.
Necesitamos un crecimiento sostenible, que corrija los desequilibrios anteriores y mejore la productividad, todavía por debajo de las economías europeas más avanzadas. Sólo así podremos mantener los logros alcanzados en los últimos veinticinco años en un entorno cada vez más globalizado y avanzar en un modelo social más equitativo.
Es necesario, asimismo, emprender reformas: reformas que impulsen la transición hacia un modelo productivo con un mayor valor añadido en la producción de bienes y servicios y con un mayor nivel de formación de los trabajadores; reformas que mejoren la competitividad del conjunto de los sectores productivos, incluidas las administraciones públicas, avanzando en la liberalización de los sectores básicos; reformas que modernicen las relaciones de trabajo en términos de eficiencia, justicia y reparto equilibrado de costes.
Junto a ello, hay que promover acciones de cara a estimular la actividad industrial, clave para mejorar la competitividad del conjunto de la economía. Más allá de medidas transversales de mejora de la regulación, la innovación, la apertura de mercados o el crecimiento de las PYMES, son necesarias actuaciones específicas tanto en los sectores emergentes como para modernizar los sectores tradicionales.
También el inicio de la recuperación económica hace imprescindible adoptar medidas de consolidación fiscal que aseguren el retorno al equilibrio presupuestario y la sostenibilidad de las finanzas públicas, que, en un Estado como el nuestro, necesitan, para su eficacia, la implicación efectiva de todas las Administraciones Públicas.
Por último, aunque nuestro sistema financiero ha resistido bien la crisis financiera internacional, debe abordar con urgencia algunos problemas: un proceso de reestructuración y reforzamiento de sus recursos propios, una respuesta al stock inmobiliario que han acumulado, un crédito fluido pero riguroso. Y mientras el canal del crédito no fluya con normalidad, el Estado debe hacer un esfuerzo para reducir las restricciones financieras a la que se enfrentan, especialmente, las PYMES y los autónomos.
La Estrategia de Economía Sostenible quiere ser una primera respuesta a estos retos.
Algunas de estas reformas se han planteado ya en sus ámbitos específicos de acuerdo: la laboral, en el marco del diálogo social; la del sistema público de pensiones para garantizar su sostenibilidad, en el marco de la Comisión del Pacto de Toledo; la de la educación y formación, en el llamado Pacto Educativo.
Otras, son objeto de decisiones específicas del Gobierno: es el caso del Plan de austeridad para la Administración General del Estado, del Plan de lucha contra el fraude fiscal y laboral, del Plan de reestructuración del sector público empresarial.
La mayoría de ellas, sin embargo, constituyen el contenido de la Ley de Economía Sostenible. En ella se recogen reformas de largo alcance –algunas, reclamadas desde hace años por los agentes económicos y sociales- que, junto con las derivadas de la trasposición de la Directiva de Servicios, prácticamente concluida, tratan de promover las condiciones para el cambio de modelo productivo en España a la vez que agilizarán la actividad económica y, con ella, la creación de empleo.
5. La destrucción de empleo y la crisis consiguiente en la confianza de los ciudadanos exigen, sin embargo, una acción más decidida y urgente.
Por ello, el Presidente del Gobierno ha dado ahora un paso más y, atendiendo a una demanda ampliamente sentida por la sociedad española y a las peticiones y ofertas de distintos grupos políticos, ha propuesto un gran acuerdo político para la recuperación del crecimiento económico y la creación de empleo.
El Gobierno quiere hacerlo junto con las demás fuerzas políticas; quiere hacerlo juntos.
Porque en este momento en que encaramos la recuperación de la economía española, una recuperación de ritmo aun incierto, hay que hacerlo con la mayor confianza posible y el consenso político incrementaría esta confianza.
Porque afrontamos un desafío de auténtica magnitud colectiva: volver a crear puestos de trabajo y terminar con la anomalía histórica de la diferencia de nuestra tasa de empleo en relación con la media europea.
Porque las reformas que estamos abordando tienen también un alcance que desborda el perímetro ordinario de una Legislatura en cuanto pretenden renovar la estructura de nuestro modelo productivo.
Porque libramos una batalla frente a un crisis internacional de extraordinaria complejidad que demanda la colaboración y las aportaciones de todos.
La prioridad absoluta es el empleo; esto es, asegurar la vuelta al crecimiento para empezar cuanto antes a crear empleo. Y ello requiere, además de culminar todas las reformas previstas, reconsiderar la eficacia de los vigentes estímulos directos al empleo y plantear en su caso nuevos estímulos o medidas. El Gobierno, en este sentido, está abierto a las propuestas que hagan los Grupos conciliables con los demás objetivos de la lucha contra la crisis.
El mercado de trabajo español ha sufrido la sacudida del brusco ajuste del sector de la construcción provocado por la crisis financiera. Miles de jóvenes con baja cualificación han abandonado el mercado de trabajo. Hay que buscar una respuesta inmediata a este problema. Hay que proveer cualificación para nuevos empleos y hay que relanzar actividades que compensen la caída de la construcción, como la rehabilitación y las actuaciones de eficiencia energética en edificios y viviendas.
Hay que seguir mejorando el acceso al crédito de las empresas con instrumentos complementarios de los ya existentes. Y hay que adoptar las medidas necesarias para asegurar nuestros objetivos de reducción del déficit público. Estas son nuestras prioridades más inmediatas. Y a ellas debería dar respuesta el Acuerdo que el Gobierno pide y ofrece.
6. De acuerdo con ello, el Documento que hoy somete el Gobierno a la consideración de los distintos Grupos políticos con representación parlamentaria se estructura en dos grandes apartados.
El primero, contiene las propuestas que el Gobierno entiende prioritarias en la medida en que persiguen satisfacer las dos necesidades más urgentes: la creación de empleo y la reactivación del crédito.
El segundo, contiene las propuestas concretas que el Gobierno ofrece en relación con las líneas de actuación que remitió a los grupos políticos el pasado día 25 de febrero, ordenadas en torno a cuatro ejes: 1) el aumento de la competitividad, 2) el impulso a una política industrial que refuerce las oportunidades de las empresas españolas, 3) el control y la reducción del déficit público, y 4) la garantía de una financiación suficiente a las empresas y familias.
Es, pues, la propuesta del Gobierno. A ella se deberán incorporar las propuestas que sugieran los Grupos partidos. Y del debate de todas ellas podrá obtenerse un Acuerdo final.
A juicio del Gobierno, este Acuerdo es urgente. Debería alcanzarse en un plazo no superior a dos meses. Y debería traducirse en los correspondientes textos normativos en el plazo más breve posible.
7. El reto al que se enfrenta toda la sociedad española es muy grande: salvaguardar su modelo de crecimiento y bienestar y, para ello, resolver el muy grave problema del desempleo, y resolverlo de una vez por todas, acabando con la anomalía que venimos arrastrando en relación con el grupo de las economías más desarrolladas al que, por el resto de sus atributos, pertenece España.
El compromiso con el interés general por parte de todos los partidos políticos debe darle respuesta solidaria. Este objetivo merece, sin duda, un gran acuerdo.
El acuerdo más amplio posible, suscrito por el mayor número posible de fuerzas políticas.
Es la ocasión para que las iniciativas del Gobierno sean moduladas y enriquecidas por las de los demás grupos políticos, singularmente las del principal partido de la oposición, como partido de gobierno que ha sido y aspira a ser en el futuro.
Si este amplio acuerdo se alcanza, las fuerzas políticas lograrán transmitir confianza a la sociedad española: sobre la superación de la crisis y sobre su propia capacidad para construir, como siempre hemos hecho, un país mejor, más fuerte, más justo.