La Generalitat ha anunciado que iniciará la expropiación de 189 viviendas desocupadas desde hace más de dos años en manos de grandes tenedores para que las destinen a alquiler social.
“Se trata de una medida que podría haberse puesto en práctica en cualquier momento dentro de los siete años que lleva aprobada, pero justo se adopta ahora, lo que deja entrever una finalidad claramente electoralista”, advierte Arantxa Goenaga, socia y abogada del despacho Círculo Legal Barcelona.
Cataluña ha requerido a los grandes propietarios que hay detrás de 189 viviendas situadas en la Comunidad para que las destinen a alquiler social. De no obtener respuesta, la Generalitat iniciará la expropiación de estos pisos, que están repartidos en 14 municipios con una demanda de inquilinos fuerte y acreditada con los que se ha logrado firmar convenios.
La posibilidad de llevar a cabo este proceso parte del incumplimiento de la función social del derecho a la propiedad en aquellos casos en los que una vivienda permanece desocupada más de dos años. Se trata de una situación recogida en la Ley 4/2016, de 23 de diciembre, de medidas de protección del derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión residencial, tal y como recuerda Arantxa Goenaga, socia y abogada de Círculo Legal Barcelona.
Para la abogada, “se trata de una medida que podría haberse puesto en práctica en cualquier momento dentro de los siete años que lleva aprobada, pero justo se adopta ahora, lo que deja entrever una finalidad claramente electoralista”. En este sentido, Goenaga invita a “estar pendiente de si las expropiaciones llegan a completarse o solo es una llamada de atención a las personas jurídicas que tienen estos pisos para que los vuelquen al marcado”.
Un procedimiento largo
Uno de los aspectos que resalta la portavoz de Círculo Legal Barcelona es que, “aunque el anuncio de la Generalitat pueda dar la sensación de que es una tarea que se resolverá de la noche a la mañana, lo cierto es que no es un procedimiento rápido”. La letrada revela que se tienen que efectuar una serie de trámites y cumplir unos determinados plazos. Así, el propio gobierno autonómico admite que las primeras expropiaciones tendrían lugar a finales de este año o inicios de 2024.
Según la abogada, “el primer paso es requerir al propietario para verificar si realmente la vivienda en cuestión está alquilada o no”. Si se demuestra que no hay ningún inquilino en la misma, entonces “se le da la oportunidad al propietario para que la ofrezca en alquiler social”. Este arrendamiento sería inferior al establecido por la expropiación forzosa, que es de siete años.
Uso sí, titularidad no
Por otro lado, Goenaga subraya que la expropiación no es gratuita, está definida por un justiprecio: “Hay que hacer un pago y, esta cuantía, determinada por la administración, puede ponerse en duda por el propietario, lo que dilata el proceso”. La intención del Govern es comprar entre 50 y 70 de estos pisos, para lo que cuenta con 5 millones de presupuesto. En cualquier caso, la abogada insiste en que “esta expropiación es de uso, la titularidad sigue siendo del gran tenedor”.
