El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha anunciado que, una vez se constituya, pedirá al nuevo Gobierno central la retirada del recurso de inconstitucionalidad de la Ley de Función Social de la Vivienda interpuesto por el anterior Ejecutivo.
«Nos parece que no tenía ningún sentido poner trabas a una ley que facilita que las personas tengan el derecho constitucional a la vivienda», ha apuntado respecto al recurso planteado ante el Tribunal Constitucional contra la ley valenciana aprobada en febrero de 2017. Además, Puig ha añadido que trasladará al nuevo responsable de Fomento la reclamación de la gratuidad de la AP7. El jefe del Consell ha subrayado que la relación con Fomento seguirá basándose en las propuestas y reivindicaciones recogidas en la Agenda Valenciana de Inversiones.
El presidente ha señalado, tras la reunión del Consejo de Dirección de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio en la Casa de los Caracoles de Castellón, que el Gobierno valenciano mantendrá su espíritu de «lealtad reivindicativa», y ha destacado la voluntad de trabajar conjuntamente con el Gobierno central para resolver los problemas de los ciudadanos.
En esa reunión se han abordado otros temas, como las obras de la CV10 y el acceso a Peñíscola, los avances en la estación intermodal de Castellón, las mejoras en el parque público de vivienda o el desarrollo de la redacción del Plan de Acción Metropolitana de Castellón (PAT Castelló), que afecta a más de 70 municipios y busca garantizar una ordenación territorial eficiente de las comarcas castellonenses, ha explicado Puig.
Asimismo, se ha evaluado el estado de la renovación del mapa de concesiones de transporte público, en el que actualmente ocho expedientes se encuentran en periodo de análisis de alegaciones. El jefe del Consell ha destacado la importancia de este proceso, ya que las concesiones llevaban «décadas» sin revisarse y afectan «a gran cantidad de pequeños municipios que solo tienen transporte por carretera».
«La Generalitat quiere tener una posición mucho más activa» en este ámbito, ha subrayado Puig, ya que «este debe ser un servicio público y la Generalitat quiere asumir su responsabilidad, también con carácter presupuestario» para garantizar una «movilidad digna» en las comarcas del interior, como parte de la Agenda Valenciana Antidespoblament (Avant) desarrollada por el Consell.
