Más presión sobre el Ayuntamiento de Madrid por la operación Chamartín. Al recurso contencioso-administrativo presentado por Distrito Castellana Norte (DCN) -la sociedad participada por BBVA y la constructora San José-, se ha unido otro, el que acaba de interponer la Comunidad de Madrid contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Madrid que el pasado 25 de mayo anuló la operación Castellana Norte para sustituirlo de manera unilateral por otro proyecto denominado Madrid Puerta Norte.
El Gobierno regional quiere proteger así los intereses de los madrileños ante la retirada de un proyecto que no ha sido consensuado por ninguna de las administraciones implicadas y que además reduce a la mitad las infraestructuras y los puestos de trabajo.
El recurso de la Comunidad argumenta que la renuncia del Ayuntamiento de Madrid a continuar con la tramitación del Convenio urbanístico de gestión y ejecución del ámbito «Prolongación de la Castellana» ha prescindido del procedimiento legalmente establecido y conculca los principios de buena fe y confianza legítima entre las administraciones públicas.
De hecho, la mencionada renuncia se ha hecho de forma unilateral, sin dar audiencia al resto de los firmantes y sin aducir motivos legales que impidan llevar a cabo el convenio que posibilitaba la puesta en marcha de esta operación.
El recurso recuerda que pese, a la negativa unilateral del Ayuntamiento a negociar un nuevo convenio que permitiría desarrollar el Plan Parcial, existe un convenio firmado el 10 de noviembre de 2011 entre todas las administraciones que sigue vigente y por tanto también las condiciones que en él se recogen, entre ellas la obligación del Ayuntamiento de aprobar dicho Plan Parcial.
La Comunidad de Madrid también subraya la interpretación interesada de la Ley del Suelo que hace el consistorio para anular el desarrollo de la operación y recuerda que el Ayuntamiento de la capital, aun teniendo la potestad de planeamiento, no puede adoptar acuerdos sin motivación suficiente porque podría incurrir en una desviación de poder.
Ambos recursos puede que no sean los últimos. También está por ver en qué quedan la intención mostrada por el Ministerio de Fomento en relación a este asunto.
En una carta remitida al concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, el pasado 23 de mayo, avisaba de su intención de promover «todas las acciones que en Derecho nos pudieran corresponder en orden a ser resarcidos por los daños y perjuicios que se nos irroguen».
La misiva recogía que ambas empresas públicas habían invertido «700 millones de euros en obras ya ejecutadas o en curso de ejecución, todo ello para cumplir los compromisos asumidos y ratificados por el Ayuntamiento de Madrid, en la confianza legítima de que serían resarcidos».
