Acudía esta semana la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, a hacer balance de su primer año de gestión, en el debate sobre el Estado de la Ciudad, y algunos no salían de su asombro ante algunos de los comentarios vertidos por la primera edil de la capital, en relación a algunos polémicos asuntos urbanísticos, a los que se refirió como completamente resueltos, cuando, a la vista de los hechos acaecidos, esa supuesta resolución -al menos en el sentido que lo quiso hacer ver- quedan muy lejos de estar solucionados.
Así, aseguraba que se «había resuelto la operación Chamartín porque iba a tardar 20 años en desarrollarse». Y que, ahora, con la alternativa municipal todo se va a acelerar, asegurando que ya en los presupuestos de 2017 se iba a incluir una partida para algo que no puede esperar, como es la solución al conflicto circulatorio endémico existente en el nudo Norte de la ciudad.
Pero lo que más llamó la atención fue el comentario de Carmena sobre la posibilidad de encontrar una solución intermedia a los dos proyectos planteados, el del propio DCN -anulado por el pleno municipal- y el de Puerta Norte, la alternativa del Ayuntamiento.
Una nueva opción para que las viviendas a construir no fueran ni las 17.000 propuestas en el proyecto del banco presidido por Francisco González y la constructora San José, ni las apenas 5.000 contempladas por el Ayuntamiento. Apostaba la alcaldesa por esta tercera vía a la vista de la alta edificabilidad existente, que posibilitaría llegar a un acuerdo.
Desde el banco, alucinan, y han vuelto a reiterar que esta posibilidad no se plantea de ninguna manera, y se aferran a que su plan se ajusta a la legalidad, y que por ello acudirán a los tribunales para intentar que les den la razón.
El de la operación Chamartín no fue el único proyecto urbanístico al que Carmena se refirió como «resuelto» durante su discurso. «Hemos resuelto el tema de la cooperativa Raimundo Fernández Villaverde», aseguraba. Algo que, desde el seno de la cooperativa, niegan en rotundo.
«No ha habido ninguna novedad», señalaba un portavoz del Residencial Maravillas, el proyecto en el que 355 familias se embarcaron en noviembre de 2014, cuando pagaron 111 millones de euros al Ministerio de Defensa, junto al paseo de la Castellana, y que, dos años después, siguen sin saber cuándo podrán iniciar la construcción de sus viviendas e, incluso, si podrán hacerlo.
