Dos meses después de que el Gobierno andaluz, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP firmaran un convenio para llevar a cabo acciones coordinadas y preventivas frente al problema de los desahucios, la Junta sigue recabando apoyos. El último, el de la Diputación de Jaén.
Un acuerdo, el que el consejero andaluz de Fomento, Felipe López, dio a conocer al presidente de la corporación provincial, Francisco Reyes, centrado en la detección de posibles casos de familias vulnerables afectadas por los procedimientos de lanzamiento de vivienda y en la activación posterior de medidas y recursos de carácter social que eviten el desahucio.
El acuerdo permite que los servicios sociales autonómicos y municipales tengan acceso rápido a información sobre la ciudadanía más vulnerable frente a ejecuciones hipotecarias o desahucios y puedan buscar una solución al respecto. Así, cuando el juez detecte situaciones de riesgo, lo comunicará a los servicios sociales, pudiendo incluso suspender el lanzamiento, de conformidad con las leyes procesales.
El convenio contempla un protocolo de actuación que, en situaciones de ejecución hipotecaria, se inicia con la información sobre el Código de Buenas Prácticas Bancarias para que los afectados puedan dirigirse a la entidad acreedora y proponerle las medidas que considere oportunas o formular alegaciones al respecto. En los desahucios, la primera medida es facilitar el acceso a los programas de servicios sociales.
Se adoptarán, además, medidas para la pronta detección por el órgano judicial de una situación de vulnerabilidad y dar traslado a la Consejería de Fomento y Vivienda para su inclusión en el Programa Andaluz de Defensa de la Vivienda, así como a los servicios sociales locales.
Como herramientas paliativas, desde Fomento de Andalucía se ha comenzado a licitar contratos para la ejecución de obras en zonas comunes del parque público de viviendas, lo que vendrá a incrementar la calidad de vida de 6.626 familias residentes en una veintena de municipios de las ocho provincias andaluzas.
También se están tomando medidas para la mejora de la accesibilidad en los edificios de vivienda, donde ha hecho mención a la instalación de ascensores, y ha considerado necesaria la participación de los ayuntamientos para propiciar estas actuaciones.
Como colofón a estas medidas, la puesta en marcha de la futura Ley de retracto de la vivienda, las oficinas del Programa de Defensa de la Vivienda y las diferentes líneas de ayudas a afectados por desahucios o con escasos recursos.
