Tres años después de que la asociación de defensa de los consumidores Facua remitiera al Gobierno y comunidades autónomas una batería de denuncias contra las cláusulas -más en concreto a los organismos con competencias para aplicar sanciones por este fraude masivo a los consumidores españoles- el resultado, a juicio de la organización, deja mucho que desear.
Facua considera escandaloso que se hayan desatendido competencias ante un fraude de estas características, eludiendo actuar ante las denuncias inventando que sólo pueden actuar los tribunales, derivando las denuncias al Banco de España o rebotándolas a otras comunidades autónomas.
El macrofraude de las cláusulas suelo ha provocado miles de millones de euros de beneficio ilícito para la banca, gracias a la ausencia de actuaciones tanto de las comunidades autónomas como de los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy.
Facua ha pedido, desde el año 2009, a los sucesivos gobiernos que adoptaran medidas. Pero durante las tres legislaturas en las que se ha venido cometido el fraude, el Ministerio de Sanidad, competente en las políticas de consumo, se ha desentendido del asunto, no ha hecho ni un amago de llevar a los tribunales a los bancos y ni siquiera ha instado a las comunidades autónomas a multarlas.
Como es habitual con los fraudes masivos, las inacción de las autoridades competentes han obligado a judicializar el caso de las cláusulas suelo.
Ni siquiera provocaron la reacción del Gobierno de Mariano Rajoy a las críticas de la Comisión Europea contra la decisión del Tribunal Supremo de eximir a los bancos de la devolución del dinero cobrado antes de mayo de 2013 pese a haber declarado ilegales las cláusulas suelo por falta de transparencia en su comercialización.
Las leyes autonómicas de protección de los consumidores facultan a las comunidades a imponer multas que pueden llegar a alcanzar entre una y diez veces los beneficios obtenidos como consecuencia de un fraude.
Algo que nunca han hecho, denuncia Facua, ni con la banca ni con ninguna empresa que haya cometido un fraude masivo en las últimas tres décadas. Las multas, en el reducido porcentaje de casos que se aplican, representan cantidades insignificantes en relación a las irregularidades cometidas, advierte la asociación.
