El Defensor del Pueblo Andaluz ha presentado una queja de oficio ante la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, y ante los 29 ayuntamientos andaluces cuyos municipios cuentan con más de 50.000 habitantes, para que apremien la formalización de acuerdos con la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), de cara a ceder viviendas en alquiler social, que tanto están necesitando numerosas familias andaluzas.
De momento, la Consejería de Fomento y Vivienda está negociando con el banco malo la firma de un convenio de cesión de viviendas para usos sociales, pero el mismo no se ha materializado todavía. Y lo mismo sucede en el ámbito local, con los contactos que se están produciendo entre responsables del Ayuntamiento de Córdoba y del banco malo.
Cabe destacar que la normativa andaluza en materia de vivienda ha previsto expresamente la incorporación de bolsas de viviendas vacías al parque residencial, estableciendo medidas de fomento para evitar la existencia de viviendas deshabitadas, así como la puesta en marcha del Programa de Intermediación en el Mercado del Alquiler de Viviendas y el Programa de Cesión de viviendas para el alquiler a Entes Públicos, por el que se establecen las normas reguladoras para la concesión de pólizas de seguros que den cobertura a los contratos de arrendamiento que se concierten dentro de dichos programas, y se efectúa su convocatoria.
Por todo ello, el Defensor del Pueblo andaluz viene reiterando la necesidad de incorporar un mayor número de viviendas para alquiler social al escaso número existente actualmente en el parque público de viviendas.
En su Informe Anual correspondiente a 2014, ya señalaba que «a diario vemos en esta Defensoría, a través de las quejas que nos presenta la ciudadanía, las situaciones tan graves de carencia de empleo, nulos recursos económicos o de muy escasa cuantía, pobreza y vulnerabilidad, cuando no de verdadera exclusión social o en riesgo de estarlo, en la que se encuentran muchas personas y familias andaluzas que, además, carecen de un techo, alojamiento o vivienda dignos, solicitando el amparo y ayuda de esta Institución, ante las administraciones competentes para satisfacer esta necesidad, al no haber encontrado respuesta positiva alguna».
