La Ley de Montes, que entró en vigor el pasado mes de julio, sigue suscitando recelos en algunas comunidades autónomas, que no acaban de ver con claridad que el nuevo marco legal no deje zanjadas algunas cuestiones.
«Se trata de una normativa tramposa que, por la puerta de atrás, a traición, de manera cobarde, ha planteado una puerta entreabierta a los trasvases en el futuro». Así de contundente se ha mostrado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que ha confirmado que el Ejecutivo autonómico recurrirá la nueva ley estatal.
García-Page ha buscado la connivencia en este asunto con su homólogo en Aragón, Javier Lambán, que también se ha mostrado proclive a presentar recurso ante el Tribunal Constitucional, tras una reunión en la que ambos mandatarios han abordado, entre otros asuntos, los pormenores de la financiación autonómica y de servicios públicos, el modelo territorial y la gestión de los recursos hídricos.
Aragón y Castilla-La Mancha comparten una pequeña parte de la cuenca del Ebro y ambas comunidades se han enfrentado al Gobierno central por apoyar trasvases de los ríos Ebro y Tajo hacia el Levante español.
Al término de la reunión, insistía García-Page en entender la postura del Gobierno aragonés sobre los trasvases, ya que Castilla-La Mancha acarrea con las consecuencias de «un trasvase que ha terminado por convertir el río Tajo en otra cosa».
No obstante, reiteraba el presidente castellano-manchego su intención de alcanzar acuerdos con las comunidades levantinas tras las elecciones generales, «sabiendo que el agua hay que compartirla con todos» pero sin olvidar las necesidades de la cuenca cedente.
El proyecto de Ley de Montes incorporó finalmente a su articulado las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura, con el objetivo de dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional que declaraba nula esta previsión. No obstante, la oposición lo criticó por haber adoptado la iniciativa sin haber contado con la participación pública.
El Tajo nace en la sierra de Albarracín, en Teruel. Según el Alto Tribunal, el Estado debía consultar a todas las comunidades autónomas por las que discurre el río y, aunque lo hizo con el resto, se olvidó de Aragón.
Así, señala que las reglas de explotación, fruto del acuerdo entre el Gobierno y todas las comunidades autónomas por las que transcurre el Tajo más las afectadas por el trasvase, salvo el olvido de Aragón, que se recogerán en la Ley de Montes son exactamente las mismas que las que recogía la Ley de Evaluación Ambiental, y que anuló el Constitucional.
