Cada año, por estas fechas, la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, convoca al resto de defensores autonómicos, al inicio del curso político, a unas jornadas de coordinación de cara a aunar criterios en la medida posible. En esta ocasión se celebran en Santander y tiene a la vivienda vacía como centro del debate.
El asunto trae cola desde hace años, desde que el creciente número de personas desahuciadas empezó a alertar de la grave situación social que se estaba generando. En 2013, la propia Becerril presentaba en las Cortes un estudio en el que cuantificaba la existencia de más de 10.000 viviendas protegidas vacías en España, e instaba a acabar con el desajuste mejorando la coordinación entre las distintas administraciones y favoreciendo el acceso a las familias sin apenas recursos a alquileres más asequibles.
Básicamente, todos acudirán a la cita con similares ideas previas. Entre ellas, la de la necesidad de que se requiere un mayor control del parque público residencial que garantice la ocupación y uso de estas viviendas sin ocupar, además de programas de conservación, mantenimiento y reparación de las viviendas que se encuentren sin habitar por sus graves deficiencias, para que puedan ponerse en alquiler.
También se hace necesario adoptar medidas para dar salida a estas viviendas en un plazo determinado y de manera eficiente. Y en su caso, sancionar, si no se destinan a la función social que justificó su construcción.
Algunos de estos defensores del Pueblo, como el andaluz, van a la reunión con la idea de que la coordinación y el consenso de todas las administraciones en materia de vivienda, de cara a atender la demanda de las familias con mayores necesidades, requiere de un Pacto por la Vivienda que incluya también a los colectivos sociales, iniciativa privada y sindicatos.
En aquel estudio de la Defensora del Pueblo se establecía como vivienda protegida vacía aquella que es habitable, es decir, que no está en ruina; sus condiciones de seguridad, habitabilidad y funcionalidad son idóneas y no se encuentra ocupada por alguna persona o familia. De las más de 250.000 viviendas protegidas gestionadas por las comunidades autónomas, 9.752 cumplirían estas condiciones, así como al menos 427 de las que gestionan los ayuntamientos.
Una de las principales causas de que haya viviendas protegidas vacías es la imposibilidad de los compradores de encontrar financiación. También la caída de los precios de la vivienda libre, que, en algunos casos ya resultan inferiores a los de las protegidas, o que la entidad pública se demore en exceso en la adjudicación.
