La Comisión Mixta de Prevención de Desahucios del Ayuntamiento de Barcelona se reunió la semana pasada de forma extraordinaria. En la reunión ha participado no solo la alcaldesa, sino también los concejales de las áreas y los distritos más afectados por los lanzamientos, como Nou Barris o Ciutat Vella, así como representantes de los agentes sociales y económicos relacionados con esta problemática, como representantes de entidades bancarias. La Comisión no se reunía desde febrero del año pasado, y ahora se ha reactivado para dar respuesta a una de las principales problemáticas de la ciudad.
«Solo disponemos de un parque público de 10.000 viviendas en la ciudad, con el que estamos muy lejos de dar respuesta a todas las necesidades», ha declarado la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.
Una de las medidas que se han tomado en esta Comisión es la convocatoria durante las próximas semanas de 3 grupos de trabajo específicos para abordar las emergencias en las problemáticas de la vivienda.
El primer grupo estudiará la modificación del reglamento de la Mesa de Vivienda de Emergencia Social, una modificación que permita incorporar a más familias vulnerables en los recursos de realojamiento que ofrece el Ayuntamiento; el segundo abordará la puesta en común de todos los recursos existentes, públicos y privados, y revisará los protocolos de actuación para poder intervenir desde la prevención, y el tercero movilizará el parque de vivienda que actualmente está vacío y que se podría destinar a incrementar el parque de alquiler social de la ciudad.
La alcaldesa ha hecho un llamamiento a la ciudadanía «a colaborar de forma activa para empezar cambiar las problemáticas relacionadas con la vivienda que hay en la ciudad».
Colau ha reconocido que se está estudiando la posibilidad de declarar toda Barcelona zona de tanteo y retracto. Es una medida que prevé la Ley de la vivienda y que permitiría al Ayuntamiento tener el derecho de adquisición preferente en las operaciones de compraventa de viviendas que lleven vacías más de 2 años.
