El Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, ha presentado una Proposición no de Ley para incrementar la transparencia en la gestión de activos de Sareb, una sociedad que “a pesar de manifestar que sus valores son la integridad, la transparencia y el compromiso cívico, la realidad es que su actividad, a día de hoy, es del todo desconocida por la ciudadanía”, se expone en la proposición.
Por ellos, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Adoptar las medidas necesarias para que la actividad de Sareb sea plenamente transparente y pueda ser objeto de los necesarios controles políticos y administrativos.
2. Hacer público en el plazo de tres meses la Memoria de Sareb, que incluya los activos inventariados de su propiedad, con detalle de sus características y ubicación territorial, además de su valoración contable.
3. Poner a disposición de las administraciones públicas que lo soliciten la información que estas le requieran y que precisen para el desarrollo de sus competencias.
4. Adoptar las medidas necesarias para impedir que las actuaciones de Sareb puedan ser objeto de maniobras especulativas.
En el texto de la proposición, el Grupo Izquierda Plural lamenta que “ha intentado conocer, sin éxito, el inventario que lo integra, principalmente información relacionada con: suelos y viviendas en cartera, ubicación de las mismas, tipología de vivienda, antigüedad y precio medio, así como las operaciones realizadas en la venta de activos, el perfil de clientes y los mecanismos de control público ante la eventual entrada especulativa de inversores privados que se están llevando a cabo para evitar operaciones de compra de los inmuebles a bajo coste sin garantizar la libre concurrencia de posibles inversores públicos y sociales. Además de los inversores privados, hay que atender los diversos casos de incompatibilidad surgidos en la Sareb, que nos hacen cuestionar la independencia en la gestión de alguno de sus miembros”.
Ninguna de estas cuestiones ha sido respondida hasta el día de hoy; el Gobierno, lejos de contribuir a la transparencia, se afana en recordar que es una empresa privada y que no puede invadir la autonomía de información de una empresa jurídico-privada y que la disposición adicional séptima de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, establece que la Comisión de seguimiento remitirá a las Cortes Generales, con periodicidad semestral y sobre la base de la información recibida por la misma, un informe sobre la evolución de sus actividades.
Esa misma disposición adicional, en su punto séptimo, establece que "La sociedad de gestión de activos o, en su caso, la sociedad gestora, remitirá al FROB cuanta información este les requiera relativa a su actividad y a la adecuación de la misma a lo previsto en esta Ley". Habida cuenta de que varios miembros del gobierno integran la Comisión rectora del FROB, lo que les da derecho a solicitar cuanta información requieran y que el 45 % de Sareb es capital público la falta de transparencia se hace si cabe más patente.
Por su parte, el Banco de España, en un proyecto de circular contable del 16 de mayo de 2014, y amparado por las funciones de supervisión que le otorga la mencionada Ley 9/2012, recuerda a Sareb que "deberá cumplir con las obligaciones generales de formulación de las cuentas anuales, en los términos previstos en el Código de Comercio y la Ley de Sociedades de Capital". En esa misma circular, en la que el Banco de España especifica una serie de normas de obligado cumplimiento para Sareb, se establece que "la Sareb deberá disponer (…) de un inventario con suficiente detalle que recoja todos y cada uno de los activos traspasados por las entidades cedentes".
Asimismo, los ayuntamientos exigen a Sareb el derecho a conocer los inmuebles disponibles en sus municipios y el derecho a acceder a una vivienda digna por medio de la cesión o alquiler social para satisfacer una necesidad social de los municipios, en definitiva demandas que desde la Izquierda Plural venimos reclamando desde su constitución como es la constitución de una parque público de viviendas de alquiler que tiene en Sareb una oportunidad histórica para ello, en tanto que se ha establecido un marco de saneamiento para las entidades intervenidas, pero sin ninguna contraprestación, como sería destinar una parte de ellas a algún tipo de finalidad social.
Desde el Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural entienden que la Sareb constituida como salvavidas público para dar solución a la viabilidad de aquellas entidades financieras privadas que asumieron mayor riesgo inmobiliario, debería garantizar la máxima transparencia para evitar un nuevo cheque en blanco en materia bancaria y cargar nuevamente las consecuencias de la mala gestión sobre las espaldas de la ciudadanía.