Murcia impulsa la acción social en materia de vivienda con 24 millones de euros

El Gobierno de Murcia, a través de la Consejería de Fomento, Obras Públicas y Ordenación del Territorio, impulsará este año medidas de acción social a través de las políticas de vivienda, por importe de cerca de 24 millones de euros.

El consejero Francisco Bernabé remarcó el “gran contenido social” de su departamento, que cuenta entre sus cometidos “el de atender, en la medida de lo posible y de las disponibilidades presupuestarias, a los más necesitados, bien con vivienda pública o con cualquier otra medida de ayuda”.

“El Gobierno regional quiere poner el acento en una serie de actuaciones y medidas que den respuesta efectiva a las familias más necesitadas y a las zonas más degradadas, permitiendo, a la vez, que estos planteamientos se conviertan, asimismo, en razón para activar el sector de la construcción y crear empleo”, indicó Bernabé.

Francisco Bernabé destacó que las principales líneas de acción social vinculadas a la vivienda se centrarán en el alquiler y la rehabilitación de las viviendas y de los espacios públicos, atendiendo, con carácter preferente, a los sectores con escasos recursos económicos, las familias numerosas, las personas con discapacidad, las mujeres víctimas de violencia de género y las personas afectadas por desahucios.

“Se trata de adaptar el sistema de ayudas a las necesidades sociales actuales y a la escasez de recursos disponibles en la sociedad, contribuyendo, a la vez, a la reactivación de la economía”, subrayó el responsable autonómico.

Más de 2 millones de euros para ayudas al alquiler

En concreto, el consejero indicó que este año se destinarán dos millones de euros a ayudas al alquiler, que tienen por objeto la subvención de la financiación de parte de la renta a satisfacer por los arrendatarios de las viviendas alquiladas, “facilitando el acceso y la permanencia en las mismas a personas físicas pertenecientes a sectores de población con escasos medios económicos”.

A estas ayudas hay que sumar las que se llevan a cabo por medio de los convenios suscritos con asociaciones como Columbares y Cáritas, para atender a familias sin hogar. En este caso, se trata de financiar el pago del alquiler de viviendas arrendadas a unidades familiares especialmente vulnerables y con riesgo de exclusión social.

2,7 millones para el Parque de Vivienda Pública

Por lo que se refiere al Parque Público de Viviendas, que consta en la actualidad de 2.873, la gestión se dirige a la utilización de las medidas y controles legales precisos para que se pueda beneficiar directamente a quienes realmente lo necesitan. De ese total, 2.263 viviendas están en arrendamiento, atendiendo a los más necesitados, y sujetas a continua regularización, siempre en colaboración con los ayuntamientos.

En este campo, las acciones previstas se encuadran en tres apartados. Por un lado, las nuevas promociones de vivienda, que en 2015 se van a centrar en Ojós y en el barrio de San Fernando de Lorca; por otra parte, la rehabilitación de las viviendas públicas; y, finalmente, la minoración de las rentas, que podrán llegar en algunos casos al 95 por ciento. En total se va a destinar a estas cuestiones unos 2,7 millones de euros.

700.000 euros a inserción social

Bernabé señaló también que la acción social de la Consejería de Fomento alcanza a la inserción de familias necesitadas en riesgo de exclusión, a través de fondos propios y Fondos Feder, que en el presupuesto de este año se cifran en unos 700.000 euros.

Las beneficiarias son las personas alojadas en infraviviendas y “sectores de población y colectivos desfavorecidos que, por sus circunstancias sociales y económicas, no pueden acceder a la vivienda en condiciones normales de mercado. Es una actuación que comprende también un programa de acompañamiento al realojo a desarrollar entre las consejerías de Fomento, Obras Públicas y Ordenación del Territorio y de Sanidad y Política Social”.

13 millones a Áreas de Regeneración y Renovación Urbana
El titular de Fomento recordó que también han de enmarcarse en este conjunto de acciones de contenido social las Áreas de Regeneración y Renovación Urbana, “ya que se centran normalmente en zonas desfavorecidas o degradadas de los cascos urbanos o, como es el caso de Lorca, se dirigen en especial a aquellos vecinos que no pudieron acogerse a otro tipo de ayudas tras los terremotos de 2011”.

Se trata de intervenciones que van a representar una aportación este año de más de ocho millones de euros, a los que hay que añadir la ejecución de otros cinco millones comprometidos en 2014 y que se van a desarrollar durante este ejercicio.

5,4 millones para Evaluación de Edificios y Rehabilitación Edificatoria

Otro capítulo destacable es el referido a las ayudas a la realización de los Informes de Evaluación de Edificios (IEE), que se derivan de la necesidad de revisar la situación de las viviendas más antiguas y de llevar a cabo intervenciones concretas para su cuidado y conservación, y para garantizar las medidas de accesibilidad para personas discapacitadas y personas mayores. Las subvenciones, en el marco del Plan de Vivienda, tanto para la rehabilitación como para el informe previo, supondrán una inversión de 5,4 millones de euros.

Orientación e Intermediación Hipotecaria

Bernabé recordó la labor que desempeña, desde su creación en 2013, el Servicio de Orientación e Intermediación Hipotecaria (SOIH), “que atiende y asesora con propuestas de solución a su problema de vivienda, a los afectados por ejecuciones hipotecarias y, prácticamente, a todo aquel que se ve afectado por una intervención bancaria”.

A través de los convenios de colaboración suscritos con el Tribunal Superior de Justicia de Murcia y del Ilustre Colegio de Economistas, “que se van a renovar de forma inmediata, y de los que se van a establecer con la Federación de Municipios, los agentes de la Propiedad Inmobiliaria y los colegios de procuradores y abogados se brindará todo el apoyo, asesoramiento y mediación directa con las entidades financieras para que puedan llegar a buen término las negociaciones y encontrar la mejor resolución a cada caso, sin perjuicio de la posibilidad de utilizar otras alternativas entre las que ofrece la Administración regional”.

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