En la Comunidad Valenciana no llegan a poner en duda las decisiones del Tribunal Supremo en materia de medio ambiente y ordenación del territorio, pero sí vienen a decir que se podía cortar un poco, y abrir un poco más la mano a la hora de emitir sus sentencias en esta materia, porque las consecuencias sociales sobre bienes y personas. En definitiva, que pelillos a la mar, y si se ha cometido algún delito pues sancionarlo, sí, pero de una manera laxa.
Es lo que ha venido a decir el Gobierno regional por boca de su director general de Evaluación Ambiental, Juan Giner, quien no se ha cortado lo más mínimo en señalar que el Supremo “debería analizar con más profundidad el alcance de los efectos de sus sentencias”.
En su argumento, pone de relieve un hecho que, en fondo sí resulta evidente, y es que las sentencias deberían llegar antes de que el mal ya esté hecho, porque, en ocasiones –demasiadas, quizá– “cuando se dicta una sentencia con el planeamiento urbanístico ya ejecutado, pueden haber licencias terminadas que se quedan en boca de parecida al fuera de ordenación, es decir, que estas circunstancias dejan en jaque a personas que han comprado viviendas y que no saben en qué situación legal han quedado”, apunta el responsable autonómico.
En este punto, desde Valencia creen que sería menos dañina una jurisprudencia “más proporcionada y coherente en virtud de la cual los planes no son reglamentos sino que participan de su naturaleza, frente a las sentencias que declaran todo el procedimiento de un plan absolutamente nulo, sin paliativos y sin excepciones”.
Aunque sí reconoce la posibilidad de que alguna de las formalidades exigidas por la Ley de evaluación ambiental no estuvieran contempladas, eso no supondría impedimento alguno del plan, por lo que concluir que toda la tramitación realizada no ha existido nunca, cuando el pronunciamiento ambiental no afecta a ninguna de las determinaciones del fondo. “No solo parece sino que es desproporcionado”, clama Giner.
En definitiva, que si el plan va a ser el mismo porque nadie ha considerado antijurídicas sus determinaciones, si los informes sectoriales van a ser los mismos, pues siendo el medio ambiente el mismo y el plan también el mismo, sólo cabe concluir que los informes sectoriales también serán los mismos".
En consecuencia, la evaluación ambiental será la misma, si bien con algunas formalidades propias de la Legislación 9/2006", por lo que se pregunta Giner "si merece de verdad la pena todo este periplo para llegar al mismo sitio".
