La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha señalado en el Senado que el Gobierno apuesta por un modelo de vivienda en línea con sus socios europeos, en el que se prima el alquiler, así como la rehabilitación y regeneración urbanas.
En este sentido, la Comisión Europea, en su evaluación del Programa Nacional de Reformas de 2014, en su informe de primeros de junio, señaló sobre el mercado del alquiler que “se han tomado medidas para crear un mercado de alquiler de vivienda más amplio y más eficiente”.
En materia de viviendas sociales, el citado informe recogía que “se está reorientando adecuadamente hacia el alquiler”, tras recordar que en España esta política ha estado orientada tradicionalmente hacia la propiedad de la vivienda.
En respuesta a una interpelación durante la sesión de control en la Cámara Alta, Pastor ha destacado el compromiso del Ejecutivo en materia de vivienda, como prueban los 2.311 millones de euros con los que está dotado el Plan Estatal 2013-2016.
Tras recordar que la política de vivienda juega un importante papel dentro de la política económica del Gobierno, la titular de Fomento ha detallado las soluciones que se han ido adoptando desde su llegada al Ejecutivo. La principal medida es el impulso de un profundo cambio en esta materia, apostando por el alquiler y la rehabilitación, para avanzar hacia un modelo de vivienda más equilibrado.
Respecto al alquiler, el nuevo marco normativo (ley 4/2013) permite impulsar el mercado del alquiler como alternativa eficaz para el acceso a la vivienda. De esta manera, se eliminan rigideces existentes y se favorece la libertad de pactos entre arrendador y arrendatario, a la vez que refuerza la seguridad jurídica y reduce los costes asociados al alquiler.
En materia de rehabilitación, la Ley 8/2013 afronta de manera global, sistemática y con los instrumentos necesarios para ello, la tarea de rehabilitar el parque edificado español, con el fin de mejorar su conservación y eficiencia energética, y garantizar la accesibilidad universal.
La nueva Ley de Rehabilitación elimina numerosas trabas jurídicas y administrativas que limitaban las actuaciones de rehabilitación, al tiempo que abre nuevas vías para la ejecución y financiación de las mismas.
La Ley establece un régimen jurídico específico y propio, para que las actuaciones de rehabilitación resulten viables, técnica y económicamente. Y se regula, por primera vez, un límite económico homogéneo para el deber legal de conservación que cabe exigir a los propietarios.
Y en materia de financiación, introduce la posibilidad de que las plusvalías que se generen en las actuaciones de rehabilitación, reviertan sobre las propias comunidades de propietarios, contribuyendo así a la financiación de las actuaciones.
Este nuevo plan supone un cambio profundo en la dirección de la política de vivienda. Además de apostar por el alquiler y la rehabilitación, se avanza hacia un nuevo modelo de gestión de las ayudas de vivienda, para superar las ineficiencias del pasado, mejorando el seguimiento, control y eficacia de las dotaciones presupuestarias.
El Plan Estatal contempla, fundamentalmente, aportaciones públicas para la subsidiación de los préstamos convenidos para la adquisición de viviendas, concedidos en el marco de anteriores Planes Estatales de Vivienda; el apoyo al alquiler a las familias y unidades de convivencia con menores niveles de ingresos; y las ayudas a la rehabilitación, renovación y regeneración urbanas.
