El Gobierno de Canarias ha autorizado la firma de un convenio para la permuta de varios bienes y derechos de propiedad de la comunidad autónoma con el ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y con el Estado de forma conjunta. Esta restructuración permitirá ordenar jurídicamente parte de este patrimonio y contribuirá a la reducción del gasto público en alquileres.
Mediante el convenio, que ejecutará la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad, el Gobierno adquiere el anexo del edificio Usos Múltiples I de la capital grancanaria de titularidad estatal y ocupado actualmente por una comisaría de policía.
La incorporación de este espacio permitirá trasladar a ese inmueble servicios autonómicos aún pendientes de determinar concentrando así los órganos de gestión en las actuales zonas administrativas con el fin de facilitar un mejor acceso a los ciudadanos.
De otro lado, en el mismo acuerdo se establecen transacciones entre el Gobierno y el ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. En este sentido, la comunidad autónoma cede a la capital grancanaria una parcela, valorada en 3,2 millones, situada en Guanarteme donde actualmente se ubica un parque urbano. A cambio, el Ejecutivo canario recibe otra parcela localizada en la zona de Siete Palmas del mismo municipio y tasada en una cantidad similar.
El Gobierno adquiere esta última parcela para, a su vez, cedérsela al Estado con el objetivo de contribuir a la compensación económica que requiere la obtención del anexo del edificio de Usos Múltiples I.
Para completar la citada compensación, la comunidad autónoma aportará también, entre otros bienes menores, las parcelas de su propiedad sobre las que se ubica la comandancia de la Guardia Civil en el barrio de San José del municipio capitalino valoradas en 3,7 millones de euros.
Con estas operaciones, las tres administraciones logran además ajustar los usos de estos bienes al patrimonio de cada administración y corregir con ello la actual situación jurídica irregular en la que no coincide la posesión de hecho con la titularidad registral.
Este convenio forma parte de la política de racionalización del gasto público desarrollada por el Gobierno de Canarias desde el inicio de la legislatura y que permitirá reducir en un 70% el coste de los alquileres de la comunidad autónoma al finalizar este ejercicio.
Con varias medidas ya adoptadas o en trámite de ejecución, la disminución supone un ahorro de 15 millones de euros desde 2009 al pasar de un gasto de 23 millones a los menos de 7 con los que se prevé acabar 2014. Al cierre de 2013, el gasto se rebajó a los 9 millones de euros.
