jueves, 22 febrero 2024

El déficit público definitivo de 2012 despejará el horizonte en España

Madrid. El Gobierno en pleno sigue aireando cada vez que tiene ocasión que el año que viene empezamos a salir de la crisis, que empezará a llegar el crédito, empezaremos a creceer  y a crear puestos de trabajo. Ya sabemos que el papel y los micrófonos lo aguantan todo. Pero hay un dato, el del cierre definitivo del déficit público a finales de 2012, que  inversores y agencias de calificación están esperando con inusitado interés.

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, lo debe anunciar a finales de este mes de febrero, y están abiertas todas las elucubraciones, que si estará en torno al 7,5%, que si llegará casi al 8%. Veremos.

El dato es crucial para saber a qué van a atenerse las agencias a la hora de evaluar de nuevo el ‘rating’ de la deuda soberana de España. Unas décimas de más o de menos pueden servir para que se tome una decisión en uno u otro sentido. Si se acerca al 8% o, en el peor, de lo casos, supera esta barrera, se da por hecho una nueva rebaja de la calificación.

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De hacerlo, se entraría en grado de no-inversión, con consecuencias impredecibles como que se dejaría de comprar la deuda española y subiría, por tanto, su rentabilidad, disparando la prima de riesgo.

No hay que olvidar que el actual status de España en las agencias de calificación no deja lugar a más rebajas, so pena de acabar con la deuda en ‘bono basura’. Moody's la tiene fijada en Baa3 y Standard & Poors en BBB, justo encima de la línea roja de ese bono basura, mientras el BBB de Fitch está un peldaño más arriba. Esta agencia confirmó la semana pasada el rating, pero con perspectiva negativa. Las otras dos mantienen su nota desde octubre pasado, también en negativo.

Mientras llegan los datos, otro creciente dato de preocupación es la progresiva morosidad de la Administración con los proveedores. Se entiende que el no poder afrontar los pagos evidencia que el déficit no está bajo control y, lo peor, que existe la sospecha de que hay facturas que ni siquiera están oficialmente pendientes de pago.

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