Valencia. Al Valencia hay que salvarlo como sea. No lo podemos dejar caer, han tenido claro los dirigentes autonómicos valencianos. Ni al Valencia ahora, ni antes al Elche o al Hércules. La Generalitat Valenciana, antes con Camps y ahora con Fabra, tiene claro algunas cosas. Que aunque no haya para otras cosas –pagar a los farmacéuticos, subvenciones de los colegios o afrontar inversiones de futuro–, para el fútbol lo que sea.
Estos últimos días hemos visto cómo, por una parte, el Ejecutivo valenciano ha salido en apoyo del Valencia CF, pero no logra, por ejemplo, el respaldo financiero para ampliar el Palacio de Congresos, cuyas obras se daban por hechas hace unos meses.
En el caso del fútbol, el Gobierno valenciano ha pasado a ser el mayor accionista del equipo de fútbol al tener que hacerse cargo de la deuda de 81 millones más intereses que la Fundación del Valencia CF tiene con Bankia.
La cosa viene de 2009, cuando la Generalitat avaló, a través del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), un crédito de Bankia a la Fundación Valencia Club de Fútbol. Pero, ahora, la Fundación no puede pagar los 5,6 millones que tenía que haber pagado el año pasado. Con este préstamo la Fundación compró el 70% de las acciones del Valencia en una ampliación de capital en 2010 con la que el presidente de la sociedad, Manuel Llorente, evitó entrar en concurso de acreedores. Ahora las acciones pasan a la Generalitat.
En la rueda de prensa posterior al pleno del Ejecutivo valenciano, Jesús Císcar, vicepresidente de la Generalitat, indicó que el aval dado por la Generalitat, a éste y otros clubes de fútbol de la Comunitat Valenciana, corresponde a "otros tiempos y otras circunstancias", y se ha mostró partidario de hacer una auditoría en el club si el objetivo es "dar información a los socios y accionistas".
Mientras se respalda el agujero del Valencia, el proyecto de ampliar el Palacio de Congresos no sale. Y no lo hace porque ningún banco ha querido participar, junto al BBVA, en financiar los casi 20 millones necesarios, ni aun con el aval del Ayuntamiento de Valencia, lo que evidencia la escasa consistencia que hoy tiene el Consistorio presidido por Rita Barberá.
