Madrid. El debate sobre el posible rescate para sanear el sistema financiero se ha abierto definitivamente desde múltiples instancias, y el sentido de su cierre no está nada claro. Los proclives hacia esa intervención atisban un futuro con recortes, sí, pero necesarios para atajar la caótica senda por la que circula, a la deriva, una economía española que se está demostrando incapaz de resolver los graves desajustes existentes, desde ese agujero financiero cuya alcance todavía se desconoce, a los déficits de las Comunidades Autónomas, pasando por la propia estructura del Estado o una alternativa al modelo productivo del ladrillo que no aparece por ningún lado.
En esta línea estarían las tesis defendidas por el portavoz del PP en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, José María Beneyto, para quien tampoco habría que rasgarse las vestiduras por las consecuencias de una intervención de la economía española. Es verdad que, seguramente, traería consigo rebajas de sueldo significativas de funcionarios y pensionistas, pero tampoco sería una hecatombre. “Si al final hay una intervención, habrá que vivir con ello. Portugal está viviendo con ello de una manera relativamente pacífica, e Irlanda ha vivido con ello y ha salido adelante”, asegura Beneyto.
En el otro extremo de la balanza se encontrarían otros que han salido al paso de voces que claman no ya solo con la intervención sino con una salida de España del euro. Algo que sería verdaderamente catastrófico, a juicio de los que defienden a ultranza la permanencia de España en la moneda única, porque supondría retrotraernos a tiempos en los que volverían los ingresos bajos –ya lo están siendo–, con una baja productividad y un control de cambios y exportaciones dominado por los típicos monopolios de una economía cerrada.
La cadena de acontecimientos inmediatos sería a todas luces apocalíptica, ya que la nueva moneda devaluada reduciría el poder de compra de los ciudadanos al aumentar la inflación de los productos importados. Además, el aumento de la deuda llevaría a la bancarrota a empresas y bancos.
Seguramente, al final, desde Bruselas y Berlín nos buscarán una solución a la medida, intermedia entre ambos extremos. A saber, que España no se va a salir del euro, pero a cambio de seguir en este selecto club va a tener que acceder a múltiples cesiones de todo tipo. Esos ajustes sin fin sobre las finanzas, como ya dejó caer el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, cuando reclamaba la creación de una autoridad europea que pueda orientar la política fiscal en la zona euro, que armonice las políticas fiscales de los estados miembros y que permita un control centralizado de las finanzas.
