jueves, 20 junio 2024

El abogado general del Tribunal Europeo, Nilo Jääskien, concluye que la Ley Urbanística Valenciana se ajusta a derecho

Valencia. «Es el momento de que los que se han dedicado a denigrar y sabotear la imagen de la Comunitat Valenciana rectifiquen». Así lo ha asegurado hoy el Vicepresidente tercero del Consell y conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, Juan Cotino, durante su comparecencia en rueda de prensa en la que ha valorado las conclusiones del abogado general del Tribunal Europeo, Nilo Jääskien, sobre el procedimiento de infracción por el incumplimiento de la normativa en materia de contratos públicos.

Para el Vicepresidente, «ahora es el momento de que enmienden lo que han estado haciendo y apoyen al Gobierno Valenciano para que nuestra Comunitat sea lo que siempre ha sido, una comunidad dinámica, donde las cosas se han hecho bien, una comunidad abierta al mundo entero, una comunidad donde se invierte y en la que existe seguridad jurídica, lo que crea confianza para recibir inversiones y genera empleo y beneficios para el conjunto de la sociedad».

Según ha asegurado Cotino, «el Gobierno Valenciano, con el President Camps a la cabeza, desde el primer momento ha afirmado y reiterado que la Ley Urbanística Valenciana se ajusta a derecho. Lo hemos defendido en las Cortes Valencianas y en Europa. El President Camps, con los consellers de urbanismo Blasco, González Pons y García Antón, han dedicado todos sus esfuerzos a trabajar por la Comunitat Valenciana, por crear puestos de trabajo».

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«En cambio -ha continuado el Vicepresidente- durante más de cinco años el Partido Socialista, Izquierda Unida y Compromis se han dedicado a denigrar y sabotear todos los proyectos de nuestra tierra. Este ataque reiterado ha perjudicado la imagen y el futuro de la Comunitat Valenciana y ha causado un gran daño. Por un lado, por las inversiones que se han dejado de realizar y por otro, por los miles y miles de puestos de trabajo que no se han creado por la irresponsabilidad de estos políticos».

En opinión del Vicepresidente Cotino, «estas campañas difamatorias orquestadas por el PSOE contra nuestro territorio han afectado directamente al principal sector productivo de la Comunitat, nuestro turismo, han afectado al sector de la construcción, al sector cerámico y a la llegada de inversión extranjera, y han perjudicado la creación de empleo».

«Y mientras pasaba todo esto, el Gobierno Socialista de España ha estado mirando hacia otra parte, cuando esto no sólo perjudicaba a la Comunitat Valenciana, ya que 12 comunidades estaban en la misma situación que la nuestra, pero el PSOE sólo denigraba a nuestra tierra», ha criticado el Vicepresidente tercero.

Por ello, Cotino ha aseverado que «es hora de exigir responsabilidades a los diputados autonómicos y nacionales que, como la Vicepresidenta De la Vega, contribuyeron a estas campañas con fines electoralistas, así como a los eurodiputados, como Joan Calabuig, que lideró en Europa el ataque contra los intereses de nuestra Comunitat».

Por su parte, el secretario autonómico de Relaciones con el Estado y con la Unión Europea, Rafael Ripoll, ha destacado que «las conclusiones del abogado general del Tribunal de Justicia europeo suponen un hito extraordinario en todo este proceso. Nos encontramos en el momento álgido porque el abogado general, que es como el fiscal general en nuestro país, se ha pronunciado en la absoluta compatibilidad entre la Ley Urbanística Valenciana y el derecho comunitario en materia de contratación pública«.

«Hoy es el primer día del finiquito de la campaña de difamación que ha sufrido nuestra autonomía, una campaña con la que se llegó a poner en juego el acceso a los fondos europeos para la Comunitat Valenciana y España, y en la que se llegó al punto de asociar a nuestro país con una imagen que mostraba la silueta de España cubierta de cemento y con una hormigonera, como ocurrió en el acto en el que la República Checa accedió a la presidencia de la Unión Europea», ha recordado Ripoll.

El Secretario Autonómico también ha señalado que «durante todos estos años se han realizado tres misiones de eurodiputados a la Comunitat Valenciana para verificar las denuncias sobre supuestos abusos urbanísticos, unas visitas que casualmente han sido previas a procesos electorales».

Conclusiones técnicas del informe

Por otro lado, la Secretaria Autonómica de la Conselleria de Medio Ambiente, María Ángeles Ureña, ha explicado que «con las conclusiones del abogado general se propone que se desestime la única vía que la Comisión admitió a trámite de las muchas denuncias presentadas contra el urbanismo en la Comunitat Valenciana».

«Estas denuncias que no prosperaron por falta de argumentos ponían en tela de juicio aspectos como la Ley Urbanística Valenciana, la ubicación geográfica de los proyectos de urbanización y su impacto sobre el medio ambiente, la expropiación de terrenos sin una indemnización justa, y la obligación impuesta a los propietarios de terrenos de tener que pagar por obras de infraestructura que no quieren o no necesitan», ha detallado Ureña.

«Así, -ha indicado la Secretaria Autonómica- el Abogado General concluye su informe señalando que se desestime este único recurso y que se condene en costas a la Comisión«.

En concreto, el informe del Abogado recoge en el epígrafe 68 que «la ordenación territorial y el planeamiento urbanístico son materias que pertenecen en lo fundamental a la competencia de los Estados miembros. En ellos, el planeamiento y la ordenación del territorio, la zonificación y el desarrollo urbanístico son normalmente prerrogativas públicas. No obstante, los propietarios de terreno, los inversores inmobiliarios y las empresas de construcción suelen tener interés en urbanizar áreas que no están sometidas a una ordenación pormenorizada, con el fin de poder explotar potenciales derechos de edificación del suelo».

En tales casos, también los poderes públicos se benefician, dado que no tienen que emplear su escaso capital propio y sus escasos medios administrativos. Esta situación ha conducido al desarrollo de varios tipos de acuerdos de cooperación («acuerdos sobre uso del suelo») entre corporaciones locales y operadores económicos privados».

Asimismo, el epígrafe 70 señala que «los PAI son un ejemplo de acuerdo sobre uso del suelo«, y el epígrafe 72 que «por ello resulta muy difícil encajar el sistema de los PAI en el ámbito de aplicación de la normativa sobre contratos públicos».

Por otro lado, en el epígrafe 76, matiza que «la inclusión de los PAI en la categoría de contratos públicos de obras tendría la consecuencia práctica de desincentivar la iniciativa privada en el ámbito de la ordenación y el desarrollo territoriales, dado que, si se consideran incluidos en el ámbito de aplicación de las Directivas sobre contratos públicos, los PAI parecen contravenir el objetivo principal de la contratación pública, que es el de dispensar un trato igual a todos los participantes. La única opción que quedaría entonces en Derecho urbaní
stico sería el modelo clásico en el que los poderes públicos diseñan y aprueban todos los documentos relativos al planeamiento y el uso del suelo, y financian y organizan su ejecución y puesta en práctica, directamente y recurriendo a fondos públicos».

 

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